Ociel Alí López
Las investigaciones oficiales sobre el magnicidio perpetrado en julio de 2021 contra el presidente haitiano, Jovenel Moïse, han dado un nuevo giro truculento y novelesco.
El juez haitiano Walter Wesser Voltaire emitió un reporte final en el que acusa a Martine Moïse, esposa del fallecido mandatario, como cómplice de su asesinato. La ex primera dama, ahora en calidad de señalada, se encontraba presente, con sus hijos, en el momento del ataque paramilitar en el que murió su marido y resultó herida, lo que justificó su inmediato traslado hacia Miami.
Según el juez, otro implicado como cómplice es el ex primer ministro Claude Joseph, quien hoy dirige uno de los principales partidos opositores y mantiene una aversión radical al actual primer ministro interino, Ariel Henry.
El expremier ha declarado que Henry es el principal beneficiario del magnicidio, que el gobierno en funciones es ilegítimo y que habría estado usando la justicia para reprimir a la resistencia haitiana.
Estas últimas acusaciones dejan estupefacta a la comunidad internacional y a los ciudadanos haitianos, que exigen castigo en contra del autor intelectual y principal responsable del asesinato de Moïse. Sin embargo, las últimas inculpaciones podrían más bien ir en contra sentido, puesto que acusa a actores cercanos a Moïse y opositores del actual primer ministro, pero no apunta con claridad a los autores intelectuales, tampoco a los financistas.
En el mismo dictamen, quien sale más perjudicado es el exjefe de la policía, León Charles, quien hoy es el representante permanente del país caribeño en la Organización de Estados Americanos (OEA) y cuyos cargos son mucho más graves, puesto que se le inculpa del asesinato de Moïse, entre otros delitos. No se sabe qué suerte ocupará a Charles en su nuevo trabajo en la OEA, pero por lo pronto sigue siendo el representante haitiano en el ente.
Ahora, el juicio se traslada a un tribunal penal de Puerto Príncipe, como escenario definitivo.
El juicio en Miami no avanza
El año pasado, un juzgado de Miami ha imputado a Antonio Intriago, dueño de una empresa de seguridad, CTU Security, de haber reclutado a los asesinos directos, en su mayoría exsoldados del Ejército colombiano. También el empresario Frederick Joseph Bergmann, fue acusado por financiar el alojamiento de los asesinos y enviarles chalecos antibalas. La imputación de este último es de apenas diez años de cárcel, mientras que los otros acusados, algunos de los cuales han aceptado su responsabilidad, se enfrentan a cadena perpetua.
En septiembre de 2023, el capitán en retiro del Ejército colombiano Germán Rivera, se había declarado culpable de organizar el comando, compuesto por más de veinte colombianos, que asestó el golpe mortal contra Moïse.
Con seis imputados y otros nueve detenidos, las investigaciones estadounidenses no avanzan en relación a los responsables intelectuales, ni tampoco a los principales financistas.
De la misma forma, Joseph Vincent, un informante de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), también aceptó su responsabilidad en los hechos.
Aunque la agencia ha negado responsabilidad, testigos y autores han corroborado que el comando que asaltó la casa presidencial en Puerto Príncipe penetró al lugar alegando que se trataba de una operación de la DEA.
Con seis imputados y otros nueve ciudadanos detenidos, las investigaciones estadounidenses no avanzan en relación a los responsables intelectuales, ni tampoco a los principales financistas.
Si bien se ha señalado a CTU Security de haber financiado el alojamiento y el reclutamiento del comando, no hay información sobre el rastreo de los fondos ni de quienes han podido ser los principales interesados en el asesinato del mandatario.
Por esto, se esperaba con ansias el resultado de la investigación judicial haitiana, pero el resultado preliminar genera más dudas que certezas.
El juicio en Haití
Christian Emmanuel Sanon es descrito en el fallo del juez haitiano como el “autor intelectual” del complot. Se trata de un médico y pastor haitiano-estadounidense que habría estado fraguando un golpe de Estado.
Sin embargo, resulta obvio que la funesta empresa tuvo que haber sido diseñada y financiada no solo por un pretendiente del poder político como Sanon, sino por actores, con mucho poder y dinero, que querían sacar a Moïse del camino por intereses más rancios.
Tampoco se explica cómo, después de haber logrado con éxito el magnicidio, este pastor no movió fichas para permanecer en Haití y buscar la presidencia, sino que por el contrario se refugió en EE.UU.
En un reportaje de The New York Times, meses después del hecho, se infiere que el presidente habría sido asesinado debido a que preparaba una lista de poderosos empresarios y políticos implicados en el narcotráfico para enviarla a la administración de justicia de EE.UU y esa habría sido la causa fundamental de su homicidio.
Vale acotar que las bandas delincuenciales y narcotraficantes haitianas, que poseen una importante fuerza territorial y armada en el país, no han sido señaladas en ninguno de los juicios como coparticipantes en el incidente, lo que indica que probablemente los principales interesados en acabar con Moïse se encuentren fuera de Haití.
A partir del asesinato del presidente, la violencia ha tenido un crecimiento exponencial y las bandas armadas se han adueñado de parte del país.
La inculpación de la esposa del presidente y de su primer ministro, hoy jefe de la resistencia contra el actual mandatario, genera suspicacias en el sentido que parece que las investigaciones se están redirigiendo hacia el entorno de Moïse, pero no avanzan —ni en Miami ni en Puerto Príncipe—, en apuntar hacia los financistas y principales responsables.
A partir del asesinato del presidente, la violencia ha tenido un crecimiento exponencial y las bandas armadas se han adueñado de parte del país.
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Las presidenciales haitianas han sido prorrogadas en tres oportunidades y se espera que finalmente se realicen en 2024. En tanto, Henry se aferra al poder a pesar de haber sido ungido a partir del asesinato de Moïse, sin pasar por una elección, por lo que podría determinarse que es un gobierno “de facto” cuya fecha de caducidad está arbitrariamente determinada desde el despacho presidencial.
A poco más de dos años y medio del magnicidio, aún no se fija el día para el legítimo remplazo presidencial. ¿Quién ha sacado provecho del asesinato de Moïse? Las investigaciones, de Miami y Puesto Príncipe, todavía no dan con los verdaderos responsables.