Imputan a Goni y Sánchez Berzaín por el caso ENFE y Focas

Política | 1 año 2 meses

Martes 15 de noviembre (ATB Digital).- La Fiscalía General del Estado presentó este martes la imputación formal contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín en los casos FOCAS y ENFE, después de que en primera instancia los excluyó de entre los acusados.

En el caso ENFE la Fiscalía investiga la venta de la Empresa Ferroviaria Andina (FCA-SAM) a la compañía Cruz Blanca de Chile. En este proceso existen dos decretos involucrados: el 24165 de creación de la FCA-SAM y el 24186 de adjudicación a la firma extranjera.  

Mediante resolución FGE/RART Nº15/2016 del 13 de octubre, la Fiscalía determinó que Goni, Sánchez Berzaín y otros no incurrieron en daño económico al Estado por el Decreto 24165.

Sin embargo, quedó pendiente la imputación contra ambas exautoridades por el Decreto 24186, porque no se les había notificado ya que viven en Estados Unidos.

La Procuraduría solicitó incluir a Goni y Sánchez Berzaín a pesar de que no hubo notificación,  y el Tribunal Supremo de Justicia aceptó el pedido. Entonces, este martes el Ministerio Público procedió a la imputación de ambos.

Además de Goni y Sánchez Berzaín, fue imputado Antonio Araníbar, por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, en el caso ENFE.

La acusación se basa en que la FCA-SAM fue creada con un valor de 137 millones de dólares, pero mediante el Decreto 24165 fue vendida a Cruz Blanca por 66 millones de bolivianos, menos de la mitad.

Goni, Sánchez Berzaín y Araníbar se unen así a otros 15 imputados por el caso ENFE.  

Caso FOCAS

En el caso del proyecto Formación de Capitales en Áreas Secundarias (FOCAS), Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín también fueron incluidos entre los imputados.

Junto a ellos también se acusó a los exministros Gonzalo Afcha y Antonio Araníbar por los delitos de Contratos Lesivos al Estado, Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica y Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes.

Todos ellos son investigados por suscribir el Decreto 23632 de 1993, mediante el cual se homologó el contrato firmado el 8 de octubre de 1992, por el entonces ministro Samuel Doria Medina, para prestar dinero de FOCAS a favor de la entidad privada FUNDA-PRO.

Según la acusación, la irregularidad radica en que el traspaso de dinero del proyecto FOCAS pasó a un privado sin la autorización del Poder Legislativo.

Por este caso ya fueron imputados Samuel Doria Medina y otras nueve personas más. (Erbol)

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