La Paz, 22 de feb 2024 (ATB Digital).- El delito de violencia familiar o doméstica sigue siendo el más denunciado en Bolivia, según datos de la gestión 2023 compartidos por la Fiscalía. Este delito representó el 25% de la totalidad de casos ingresados, con 39.117 denuncias. Hubo cambios en la lista de delitos con mayor incidencia en comparación con la gestión 2022, donde las estafas subieron al cuarto lugar y la falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas aparecieron por primera vez entre las causas con mayor demandas.
La lista de delitos con mayor incidencia en la gestión 2023 continúa de la siguiente manera: lesiones graves y leves con 20.073 casos, robo con 15.198, estafa con 9.183, hurto con 9.105, homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito con 7.276, robo agravado con 5.686, amenazas con 3.931, abuso sexual con 3.868, violación con 3.001, violación de infante, niña, niño o adolescente con 2.800, conducción peligrosa de vehículos con 2.567, tráfico con 2.430, falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas con 2.261 y estupro con 1.786.
En comparación con la gestión 2022, donde la incidencia de delitos fue similar, se observa que la violencia familiar o doméstica, lesiones graves y leves, robo, hurto, homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, estafa, robo agravado, abuso sexual, amenazas, violación, violación de infante, niña, niño o adolescente, conducción peligrosa de vehículos, tráfico, estupro y homicidio entre los casos con más denuncias.
MÁS DELITOS SEXUALES
Los delitos sexuales han mostrado un aumento en el 2023, con un total de 11.450 denuncias, en comparación con las 10.802 registradas en el 2022, lo que representa un incremento de 648 casos, es decir, un 6 %. Estos delitos incluyen abuso sexual, estupro, violación de infante, niña, niño o adolescente y violación.
CIFRAS NEGRAS
Lanchipa dice que debido a las características geográficas de Bolivia, hay casos que no se denuncian. “Estos casos ocurren en lugares remotos y de difícil acceso, donde la gente no tiene la oportunidad de presentar una denuncia. Esto es lo que se conoce como cifras negras, lo que nos indica que debemos esforzarnos más para que estas personas puedan acceder a la justicia. Aunque vemos que cada vez más personas se acercan a denunciar, aún queda mucho trabajo por hacer desde una perspectiva positiva”.
CARGA PROCESAL
Según el informe proporcionado por Lanchipa, al comienzo de la gestión 2024, el Ministerio Público tiene un total de 166.207 casos activos a nivel nacional. De estos casos, 70.514 están relacionados con delitos en razón de género, lo que equivale al 42.42% del total.
RETOS Y USO DE LA IA
Lanchipa explicó que en la gestión 2023 se realizó el lanzamiento del Ecosistema Informático Justicia Libre. Esta plataforma unifica diversos recursos tecnológicos para las áreas de investigación, procesamiento de evidencias y gestión administrativa bajo la modalidad de gobierno electrónico, en línea con la política cero papel. Además, permite la gestión electrónica de todas las actividades procesales, la interoperabilidad con otras instituciones, y el análisis de grandes volúmenes de datos para la identificación de fenómenos criminales. De esta forma, se convierte en un referente a nivel nacional e internacional.
En cuanto a la gestión 2024, se proyecta lograr una mayor eficacia en las investigaciones penales a través de la aplicación de herramientas de inteligencia artificial. Estas herramientas permitirán procesar y analizar grandes volúmenes de datos, desarrollando algoritmos innovadores como aliados del trabajo fiscal. Esto agilizará las solicitudes de requerimientos fiscales, garantizando la toma de decisiones prontas y efectivas en el ejercicio de la persecución penal.
Con el objetivo de asegurar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos y sistemas encargados de procesarlos, se diseñó e inició la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, basado en la Norma ISO 27001:2022. Este proceso se consolidará a través de cuatro fases que permitirán al Ministerio Público transitar hacia la excelencia en la gestión de la tecnología y la seguridad de la información bajo estándares de calidad.
El Ministerio Público de Bolivia lidera el Grupo de Trabajo “Uso y Optimización de Tecnologías en el Trabajo de los Ministerios Públicos” de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. En este marco, se realizará el análisis de herramientas de intercambio de información para la cooperación internacional. Se busca la implementación de medios electrónicos para la recepción y procesamiento de documentación, datos e información digital inherentes a solicitudes y respuestas de cooperación, con acceso a todas las instituciones intervinientes.
En relación a las Fiscalías Especializadas, se implementarán acciones estratégicas a través de una planificación adecuada y una investigación penal efectiva, con la finalidad de tener una mayor capacidad resolutiva de causas y conseguir una mayor cantidad de sentencias.
El fortalecimiento del Ministerio Público a través de la formación especializada y la capacitación permanente del recurso humano es fundamental para garantizar la efectividad en el ejercicio de sus funciones. Para el 2024, se tiene programada la conclusión del Quinto Programa de Formación Inicial para el Ingreso a la Carrera Fiscal y se desarrollará el Sexto Programa. Con ello, se proyecta contar con 337 Fiscales de Materia institucionalizados y asignados a un puesto de trabajo en las diferentes fiscalías departamentales del país.
En ese sentido, se prevé realizar el proceso de institucionalización del personal técnico científico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), conforme a la normativa del Ministerio Público, con un nuevo Manual de Organización y Funciones de esa área especializada.
Fuente: Opinión