La Paz, 18 ago 2021 (ATB Digital).- El miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), Juan Méndez, destacó los compromisos anunciados por el Gobierno nacional con relación a las recomendaciones del informe final elaborado por el equipo internacional respecto a los hechos de violencia de 2019.
“Respecto a los compromisos que escuchamos (…) quiero destacar que el presidente (Luis Arce) anunció la próxima derogación del decreto de amnistía, también anunció un censo de víctimas y un plan de reparación integral”, dijo.
El martes, el presidente Luis Arce ratificó, al recibir el informe final, el compromiso para el establecimiento de la verdad de los hechos ocurridos en 2019, sobre todo en las masacres de la zona de Senkata en la ciudad de El Alto y del municipio de Sacaba en el departamento de Cochabamba en 2019.
El mandatario indicó: “En este contexto, apoyados en la verdad, asumimos el firme compromiso de implementar las recomendaciones planteadas por el GIEI, de acuerdo con los principios de nuestra institucionalidad democrática y la Constitución Política del Estado”.
Anunció que, según las recomendaciones planteadas, el Gobierno derogará el Decreto Supremo N° 4461 de amnistía, establecerá una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integral.
El GIEI-Bolivia entregó el martes en La Paz y este miércoles en El Alto el informe final que contiene los resultados de las investigaciones de los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
El documento confirma la existencia de masacres en Senkata y Sacaba y hace, entre otras recomendaciones, la reparación integral de las víctimas.
El experto Juan Méndez aseguró que tanto las recomendaciones del informe final como los compromisos gubernamentales deben contar con el acompañamiento del pueblo boliviano.
“Para nosotros, la participación de las víctimas, sin perjuicio de la independencia y la imparcialidad de las instituciones, de la justicia y el Ministerio Público, es indispensable. Esas instituciones tienen que hacer lugar a la participación de las víctimas sin poner el énfasis en la carga probatoria de las víctimas, pero sí dándole la oportunidad de escucharlas y de hacer argumentaciones que correspondan en el proceso penal”, aseguró.
Fuente: ABI