La Paz, 03 de marzo (ATB Digital).- Luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentara su informe de investigación al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sobre los hechos ocurridos en Bolivia a fines de 2019, durante el régimen de Jeanine Añez, los representantes de esta instancia que tomaron la palabra coincidieron en que deben activarse los juicios correspondientes a los responsables y partícipes de los hechos luctuosos en esa etapa negra de la historia boliviana. El representante alterno de Estados Unidos ante ese organismo, Thomas Lerstern, se solidarizó con las víctimas por las masacres y también dijo estar de acuerdo en que se abran procesos judiciales a las personas responsables de estos hechos de manera imparcial.
“Los derechos humanos de todas las partes deberían ser respetados para mostrar al mundo qué justicia creíble y transparente ha sido servida (…) Estados Unidos urge al Gobierno boliviano a que implemente procesos judiciales imparciales, creíbles, que ofrezcan trato igualitario”, manifestó Lerstern durante su participación ante los países miembros de la OEA.
Manifestó que el informe del GIEI es equilibrado sobre los acontecimientos ocurridos en ese año y señaló que las conclusiones del GIEI apuntan a generar reformas positivas en Bolivia bajo procedimientos jurídicos que deben darse en consonancia con juicios justos para demostrar transparencia y credibilidad.
La expresidenta de facto Añez y otros 40 exfuncionarios, militares y policías están siendo investigados y procesados por los hechos violentos ocurridos durante la crisis política que ocasionó la toma ilegal de la silla presidencial, lo que dejó 38 muertos, según el mismo informe del GIEI. Las elecciones de octubre de 2019 fueron denunciadas como fraudulentas por la OEA, lo que desencadenó un estallido social, luego de que militares y policías se amotinaran y obligaron al entonces presidente electo Evo Morales a renunciar.
El Consejo Permanente de la OEA expresó su indignación por las ejecuciones sumarias, homicidios, graves violaciones a los derechos humanos, persecuciones políticas y encarcelamientos ilegales, entre otros, perpetrados por el régimen de facto y sus cómplices, después de la ruptura constitucional y el golpe de Estado en noviembre de 2019.
El embajador de Bolivia ante ese organismo regional, Héctor Arce Zaconeta, a nombre de Estado Plurinacional, agradeció a los expertos Julián Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá por la presentación de su trabajo final y rindió homenaje a las 38 personas asesinadas en Pedregal, Sacaba, Senkata, Montero y Betanzos.
“Este informe final de 479 páginas se constituye en uno de los documentos de mayor aporte legal internacional en materia de derechos humanos para el restablecimiento de la memoria, la verdad y justicia en Bolivia”, aseguró en su intervención.
“Es un aporte fundamental para la defensa de la democracia, la institucionalidad republicana y el Estado de derecho en todos los países que hacen a la Organización de los Estados Americanos”, agregó.