Ociel Alí López
Después de casi diez años de crisis económica, duras sanciones por parte de EE.UU. y la Unión Europea, y un clima general de crispación política, la situación en Venezuela se ha venido estabilizando en los últimos tiempos.
En materia propiamente económica, ya Venezuela no figura como uno de los países con mayor inflación del mundo. De hecho, la nación suramericana frenó la hiperinflación, logró detener la depreciación de su moneda, superó el desabastecimiento y actualmente experimenta el inocultable aumento del consumo de su población.
En el tema de la seguridad pública, el panorama también ha dado un giro radical. Venezuela fue uno de los países de la región con las tasas más altas de homicidio y delito per cápita, pero hoy es uno de los países más seguros del continente, en comparación con el auge delictivo en naciones que hasta hace poco no sufrían con gravedad dicho mal, como Ecuador, Chile y Argentina, para citar los ejemplos más evidentes.
En el plano político, la regularización ha venido avanzando de manera sensible. Se acerca un proceso electoral, el próximo 28 de julio, fijado en las fechas establecidas según los lapsos determinados en el Acuerdo de Barbados, que firmaron gobierno y oposición en el mes de noviembre. Además, una comisión de la Unión Europea ha visitado el país para concretar su participación como observador del proceso.
Por su parte, la oposición, después de su accionar insurgente y abstencionista de los últimos años, en esta ocasión ya ha inscrito candidatos, en especial Manuel Rosales, quien es fundador y líder de uno de los partidos opositores más importantes: Un Nuevo Tiempo.
Aunque Rosales reconoció el interinato de Juan Guaidó en 2019 y la breve dictadura de Pedro Carmona en 2002, en 2021 regresó a la carrera electoral ganando la gobernación en el principal estado del País (Zulia). Su participación coadyuva a garantizar la competitividad electoral.
A pesar de toda esta atmósfera alentadora, todo el camino andado pende de un hilo. Veamos.
De dónde provienen los riesgos
Las posibilidades de estabilización definitiva siguen en fuerte riesgo. En noviembre pasado, el departamento del Tesoro de EE.UU. flexibilizó mínimamente las sanciones unilaterales contra Venezuela por un período de seis meses, un lapso que se vence justo el próximo jueves, 18 de abril.
Un hipotético regreso de las sanciones podría afectar el próximo evento electoral, debido a que quedan actores radicalizados de la extrema derecha, cuya oferta central sigue siendo hacer tabula rasa con el principal movimiento político existente: el chavismo.
Como máximo, ese día la Casa Blanca tendrá que develar una decisión: mantener la atenuación de las medidas coercitivas en contra del país caribeño o revertirla. La segunda opción, como han amenazado sus funcionarios, implicaría el regreso al esquema agresivo de presión que se instaló desde 2017.
En medio de un creciente escenario de guerra en diversos teatros de operaciones del mundo –al que se le ha sumado el conflicto directo entre Irán e Israel, en pleno centro de abastecimiento energético mundial–, Washington “deshoja la margarita” ante la posibilidad de que Venezuela vuelva a ser objeto de sanciones radicales y, con ello, el clima vuelva a enrarecerse.
Hay probabilidades que un hipotético regreso de las sanciones afecte el próximo evento electoral, debido a que quedan actores radicalizados de la extrema derecha, cuya oferta central sigue siendo hacer tabula rasa con el principal movimiento político existente: el chavismo.