6 informes internacionales denuncian a Áñez por masacres, torturas y ejecuciones extrajudiciales

6 informes internacionales denuncian a Áñez por masacres, torturas y ejecuciones extrajudiciales

La Paz, 19  jul 2021 (ATB Digital).- Cinco organizaciones internacionales y una entidad nacional denuncian que en el régimen de Jeanine Añez se produjeron masacres, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, uso desproporcionado e innecesario de la fuerza contra manifestantes desarmados y se detectó la presencia de grupos violentos paraestatales.

Los informes fueron elaborados, en distintos momentos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Instituto de Terapia e Investigación Sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) y la Defensoría del Pueblo.

Estos reportes se convierten en la antesala del informe que prepara el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investiga hechos de violencia y violaciones de derechos humanos, ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019.

Informe de la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de una investigación en Bolivia, condenó “de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los derechos humanos”. En criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres, dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y porque se cometieron en contra de un grupo específico de personas. Además, los patrones de las lesiones que se han registrado “ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial”.

En su informe oficial, titulado ‘CIDH presenta sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia, y urge una investigación internacional para las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del proceso electoral desde octubre de 2019’, agrega que, “además de las muertes registradas en las masacres de Sacaba y de Senkata, el equipo técnico escuchó las denuncias de los asesinatos de Beltrán Paulino Condori Aruni, de 21 años, y Percy Romel Conde Noguera, de 32 años, quienes habrían muerto por disparos de arma de fuego; y de Juan Marín Félix Taco, de 18 años, cuya causa de muerte no se ha determinado, todos ellos durante la contención de una protesta realizada por pobladores de las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa en La Paz, entre el 10 y 11 de noviembre”.


Respecto a los grupos paraestatales que operaron en 2019, indica que “personas entrevistadas por la delegación de la Comisión reportaron la participación directa en la violencia de grupos privados de diferente tamaño y con distintos niveles de armamento, así como de enfrentamientos de distintos grados de violencia ocurridos en el curso de las manifestaciones. Según la información recibida, dichos grupos habrían actuado en ocasiones en asociación con, o bajo la tolerancia de, agentes del Estado, incluidos miembros de la fuerza pública. Tal es el caso, en particular, de la autodenominada “Resistencia Cochala”, grupo armado y motorizado al que se ha señalado consistentemente de participar en los desórdenes sociales ejerciendo control violento e intimidación sobre amplios sectores de la sociedad y afectando, en particular, la integridad personal y la circulación de las personas. Algunos de estos grupos privados ejercen control territorial y limitan la circulación sobre amplios sectores de las ciudades, incluso sobre la plaza Murillo, en La Paz, donde se encuentran las oficinas del Alto Gobierno y del Poder Legislativo”.

Informe de la ONU

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) estableció que “los relatos de las víctimas de lesiones y testigos en Sacaba y Senkata, así como la documentación y el material audiovisual analizados por OACNUDH, indican que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o desproporcionado de la fuerza contra las personas manifestantes, en violación de las normas y estándares internacionales aplicables. Múltiples fuentes verificadas por OACNUDH sugieren que las fuerzas de seguridad del Estado utilizaron municiones letales para dispersar a las personas manifestantes. Elementos materiales, como los cartuchos de munición usados y los impactos de bala en propiedades públicas y privadas, encontrados por OACNUDH donde ocurrieron los hechos, corroboran los relatos recogidos sobre el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó que la munición letal fue la causa de todas las muertes y varias de las lesiones en las protestas de Sacaba y Senkata. No hubo reportes de miembros de las fuerzas de seguridad que hubieran muerto o resultado heridos por armas de fuego durante estas protestas”.


El informe del organismo internacional, denominado ‘ONU la situación de los derechos humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia’, documentó el caso de 28 personas detenidas en El Alto (La Paz), el 11 de noviembre de 2019, que fueron víctimas de detenciones arbitrarias y sometidas a torturas u otras formas de maltrato por parte de la Policía Boliviana, incluyendo amenazas de muerte, electrocución, asfixia con bolsas de plástico, golpes con culatas de fusil, posiciones de estrés, privación de alimentos y agua, burlas sexuales y simulacros de ejecuciones.

En este informe, la ONU exigió “una investigación pronta, independiente, imparcial, transparente y eficaz seria, fundamental para determinar las circunstancias de las muertes y lesiones, e identificar a los autores materiales e intelectuales de esos actos y hacerlos rendir cuentas de conformidad con los estándares aplicables. Además de asegurar la verdad y la rendición de cuentas, ello contribuiría a apaciguar las fuertes tensiones y a restablecer la confianza pública en las instituciones del Estado”.

Clínica de los Derechos Humanos de Harvard

La Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard (IHRC) y la Red Universitaria de Humanidades Rights llevó a cabo una investigación independiente de aproximadamente seis meses, entrevistando a más de 200 víctimas.


Estableció que la totalidad de los muertos en las masacres ocurridas en Bolivia en 2019 eran civiles indígenas.

“El 15 de noviembre, tres días después de que el gobierno interino asumiera el poder, las fuerzas estatales abrieron fuego contra una marcha no violenta que pasa por el pueblo de Sacaba, matando al menos a 11 personas e hiriendo al menos a otras 120. Todos los muertos y heridos fueron civiles indígenas. No hubo policías ni soldados muertos o heridos”, indica el reporte.

“El uso de la fuerza por parte de los policías y fuerzas armadas contra personas desarmadas o manifestantes no violentos y otros civiles violó directamente el derecho a la vida. De acuerdo a testigos presenciales en ambos lugares, fuerzas de seguridad abrieron fuego —sin dar aviso previo— (a) civiles desarmados, incluidos los que ayudan a (los) heridos. Las fuerzas de seguridad también golpearon a los manifestantes, utilizando el lenguaje racista y anti-indígena (…) El patrón en el que la policía o soldados dispararon intencional o negligentemente, y ciudadanos asesinados sin restricciones, sugiere que estos actores llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales”, indica el informe.

Sobre las operaciones de grupos violentos paraestatales, el reporte manifiesta que “los civiles se han organizado en grupos de vigilantes, realizando actividades policiales (…) y ataques a oponentes políticos. A menudo, estos grupos han colaborado directamente con las fuerzas de seguridad del Estado, cuando cometen abusos (…) han estado actuando como grupos paraestatales”.

Amnistía Internacional: Uso excesivo de la fuerza

En su informe, la organización internacional Amnistía Internacional indicó que “en el marco de esta crisis post electoral se han perpetrado violaciones de derechos humanos, las que incluyen la represión de manifestaciones, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Según información recabada por Amnistía Internacional, al menos 35 personas han fallecido y 833 han sido heridas en el contexto de las protestas desde octubre del 2019. Estas violaciones de derechos humanos no han sido investigadas adecuadamente, juzgadas y sancionadas, y permanecen en la impunidad”.

El documento, titulado ‘Para sanar la pandemia de impunidad. 20 recomendaciones en materia de derechos humanos a las personas candidatas en las elecciones presidenciales 2020 en Bolivia’, sostiene que “Amnistía Internacional concluye que durante la crisis que sucedió a las elecciones de octubre de 2019 se han registrado violaciones de derechos humanos que incluyen el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público incluyendo, durante las protestas, ataques contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas opositoras políticas; declaraciones de altos funcionarios con amenazas y que, en ocasiones, contienen llamados a ejercer la violencia y ataques a la libertad de expresión y a la independencia judicial”.

Informe del ITEI denuncia torturas y asesinatos

Un tercer informe fue elaborado por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) acerca de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos en 2019.

Este documento indica que “el acto de represión policial y la persecución judicial, siguiendo el principio de presunción de culpabilidad, muestra que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el no respeto al debido proceso, son un accionar generalizado en un sistema jurídico-policial incompetente, corrupto y sometido al gobierno de turno”.

El reporte titulado ‘Tortura y malos tratos en los acontecimientos de noviembre de 2019 en La Paz–Bolivia’, del 4 de junio de 2020, exigió al régimen de Jeanine Añez “el cese inmediato de la represión política, de la tortura a los detenidos y su inmediata liberación, junto con el cese de los asesinatos y de todas las violaciones a los derechos humanos en contra de la población”.

Defensoría del Pueblo: Sacaba y Senkata fueron masacres

La Defensoría del Pueblo, luego de una detallada investigación, determinó en su informe, titulado ‘Crisis de Estado. Violación de los Derechos Humanos en Bolivia. Octubre-Diciembre 2019’, que “Las veinte (20) muertes ocurridas en Sacaba y Senkata, durante las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, se constituyeron en masacres, al haberse cometido el delito de Asesinato de forma sistemática, en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno Transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”.

El documento añade que “las dos (2) muertes suscitadas en el norte integrado del Departamento de Santa Cruz y la muerte (1) acaecida en el municipio de Betanzos del departamento de Potosí, al tener las características ya descritas, también constituyen asesinatos bajo la modalidad de lesa humanidad. Las tres (3) muertes acaecidas en los conflictos de las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa de la ciudad de La Paz, durante la intervención de la Policía Boliviana y personas particulares con su aquiescencia, se constituyen en asesinatos de lesa humanidad, al haberse cometido de forma sistemática en contra de población civil y respondiendo a una organización (agentes policiales y civiles con cascos blancos) para cometer dicho ataque; así como la muerte (1) ocurrida el 11 de noviembre en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba. Las diez (10) muertes suscitadas en los departamentos La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que contemplan efectivos policiales y un trabajador de la prensa, constituyen hechos de Asesinato, Homicidio u otras afectaciones al Derecho a la Vida, provocadas por personas particulares y ante omisiones de brindar seguridad por la Policía Boliviana. Dentro de las diez (10) muertes suscitadas en los departamentos La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, dos (2) fueron efectivos de la Policía Boliviana, además servidoras y servidores públicos de la Institución Policial recibieron agresiones, asaltos, quema y saqueo de sus instalaciones vulnerando su derecho a la vida, integridad personal, seguridad personal y dignidad”, indica el informe de la Defensoría.

ABI / Ahora El Pueblo

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