García-Sayán lamenta que aún no haya justicia para las víctimas de 2019

García-Sayán lamenta que aún no haya justicia para las víctimas de 2019

La Paz, 22 jun 2022 (ATB Digital).- El Relator Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, lamentó ayer que a dos años de las masacres de 2019, las víctimas de Sacaba y Senkata aún no hayan encontrado justicia.

La afirmación la realizó durante la presentación de su informe sobre la justicia boliviana ante el Consejo de Derechos Humanos del Sistema de las Naciones Unidas que sesionó en Ginebra, Suiza.

“Lamento profundamente que hayan pasado más de dos años que las víctimas de Senkata, Sacaba y la zona Sur en el contexto de la crisis política de 2019 sigan esperando justicia”, indica un punto de su documento.

En 2019, durante el golpe de Estado consolidado por Jeanine Añez con cooperación de algunos efectivos militares y policiales, 38 personas murieron, de acuedo al informe de la GIEI, tanto en Senkata, Sacaba, como en Pedregal y otros puntos del país.

El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que esos casos ya están entrando a la etapa de acusación. “Se ha comenzado inmediatamente el momento que asumió el presidente Arce, más de 18 detenidos preventivamente en el caso de Senkata, entre ellos tres ministros de Estado: López, Murillo y Zamora, están ya imputados, declarados rebeldes”, indicó en el programa Primer Plano.

En el caso de Sacaba, hay 12 detenidos preventivos, entre militares, policías. “También ahí están imputados López y Murillo y esos procesos están a punto de pasar a la fase de juicio oral público y contradictorio. Ya se ha agotado la etapa preparatoria, ya se han acumulado las pruebas y vamos a ver pronto sentencias en relación a las masacres”, dijo Lima.

TERGIVERSACIÓN

Por otra parte, el Ministro, durante su exposición en Ginebra, aclaró que el país ya avanza sobre las recomendaciones vertidas hoy por García-Sayán y lamentó que la oposición trate de tergiversar este documento.

“Sobre este punto principal que nos señala, de la confianza entre todos los actores políticos, en los últimos días se ha visto empañado con una serie de impresiones en las declaraciones del relator”, afirmó.

Se observa “con profunda preocupación que muchos de los sectores puedan tergiversar, malinterpretar determinaciones y afirmaciones del Relator que han tenido como fin buscar el permanente mejoramiento de la administración de la justicia del país”, acotó.

En el informe de García-Sayán, en el caso de Bolivia, se menciona la supuesta injerencia en la justicia e indica que jueces, vocales y magistrados están en situación de vulnerabilidad y expuestos a diferentes formas de injerencia o presión.


El Relator se refirió también a que las detenciones preventivas deben ser excepcionales; sin embargo, reconoció el esfuerzo del Ejecutivo boliviano de “crear confianza para emprender la transformación de la justicia” y agradeció la “excelente gestión” para su visita al país.

Según Lima, Bolivia ha realizado acciones concretas en la transformación de la administración de la justicia y es labor del presidente Luis Arce lograr que el proceso esté acompañado del escrutinio internacional.

Puntos de la respuesta boliviana ante la CDH

.Bolivia, representada vía zoom por el ministro Iván Lima y el canciller Rogelio Mayta, reiteró el compromiso de realizar la transformación de la justicia con el acompañamiento de la comunidad internacional.

.Se coincide con el Relator en la necesidad de que el sistema de enjuiciamiento penal deje de imponer sobre las víctimas la carga de la investigación.

.Se trabaja en ajustes a la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional

.Hay una nueva agenda de promoción de la Justicia de Paz y Reconciliación.

.Se encara un trabajo conjunto con magistrados y la Escuela de Jueces del Estado para terminar con los jueces transitorios.

.Se creó la Comisión Nacional de Seguimiento a los Casos de Feminicidio, que en cuatro meses logró resultados concretos.

.El Estado asumió que la transformación de la justicia pasa por una mejora en la elección de las altas autoridades judiciales, el incremento del presupuesto y la transparencia institucional.

Ahora el Pueblo

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