La Paz, 14 de noviembre 2022 (ATB Digital).- Organizaciones sociales del país rechazan las resoluciones y conminatorias asumidas por el cabildo cruceño y demandaron justicia por los hechos violentos y toma de instituciones en los días de paro en Santa Cruz.
La Central Obrera Boliviana (COB) acusó a la “ultraderecha cruceña”, liderada por el gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo, de intentar dividir a Bolivia con el pretexto del censo en 2023.
El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, afirmó que las determinaciones tomadas en el cabildo alientan el separatismo y la confrontación. En ese sentido, rechazó el plazo de 72 horas que Calvo dio para liberar a los detenidos por la quema de la sede de los trabajadores campesinos y señaló que no debe haber impunidad por las muertes, atentados a comunidades indígenas y sedes sindicales, además de otros hechos vandálicos.
Por otro lado, Humberto Claros, dirigente de la CSUTCB, también refutó la intención de Calvo y Camacho de presionar a los demás departamentos con fines separatistas y demandó justicia por la violencia ejercida contra los indígenas y campesinos, durante los días de paro.
En la misma línea, la ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”, Flora Aguilar, cuestionó la intención de los cívicos de promover el separatismo, obligando a los demás departamentos a apoyar esta postura.
Asimismo, exigió se haga justicia por las muertes y vulneraciones a los derechos humanos durante el paro “obligado”.
También, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) sostuvo que el Comité Interinstitucional aceptó, en el cabildo, el censo en 2024 y rechazó el pedido de liberación de los detenidos que quemaron y asaltaron la sede de la Federación de Campesinos, la Central Obrera Departamental, entre otras institucional públicas.
Entre tanto, la concejal de Santa Cruz de la Sierra, Noemi Rivera, recordó que la situación de los detenidos por los hechos violentos es competencia del Ministerio Público y no del Gobierno nacional, por lo que también rechazó el plazo impuesto por el cívico Calvo para liberar a los investigados.
El cabildo convocado por el Comité Cívico cruceño resolvió el domingo extender el paro por 72 horas más para que la Asamblea Legislativa eleve a rango de ley el Decreto 4824 que fija para el 23 de marzo de 2024 el Censo de Población y Vivienda y para septiembre la redistribución de recursos por coparticipación.
También aprobó delegar al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que, en el marco legal y democrático, “revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano”.
Además, dictó un plazo de 72 horas para que otras regiones se sumen a sus demandas y se libere a los detenidos del conflicto.
Fuente: ABI