Intervienen una clínica ilegal para atención de pacientes con COVID-19 en La Paz

Intervienen una clínica ilegal para atención de pacientes con COVID-19 en La Paz

La Paz, 11 mar 2021 (ATB Digital).- El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó este jueves que el personal de esa entidad estatal intervino un inmueble en la zona de Bajo Sopocachi de la ciudad de La Paz, en el que se montó de manera ilegal una clínica para la atención de pacientes con COVID-19.

“Atendiendo a una solicitud de la junta de vecinos de Bajo Sopocachi para inspeccionar este inmueble, hemos realizado este operativo junto al Servicio Departamental de Salud y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, a fin de evidenciar esta denuncia respecto a que esta vivienda, ubicada en el pasaje Aramayo, en la zona de Bajo Sopocachi, estuviera funcionando como una clínica Covid-19”, señaló, citado en un boletín institucional.

Tres personas fueron arrestadas en la intervención para que presten su declaración informativa ante el Ministerio Público.

De acuerdo con Silva, el predio tenía la denominación de “Clínica Especializada COVID-19”, y en éste se atendía sin contar con la infraestructura adecuada.

Acotó que en el interior del inmueble se encontró camillas, medicamentos, inyecciones, recibos, recetas y una serie de documentos, “que serían indicios de que evidentemente estaría funcionando como una clínica clandestina”.

En la inspección se detectó, además, que el propietario del inmueble no contaba con la planimetría respectiva del predio y tampoco con la autorización de funcionamiento del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

“El dueño, de forma prepotente gritaba que recién está construyendo, asegurando que se está cometiendo un abuso. Sin embargo, la Alcaldía indica que este inmueble no tiene autorización, y menos planos para su funcionamiento como clínica”, sostuvo Silva.

“En ese contexto, se procederá a la acción penal correspondiente. Es una doble falta la que se ha cometido, por un lado, atentado a la salud pública con sanción de 10 años de cárcel, y por construcción ilegal. Eso, la Alcaldía debe ver, por eso nos vamos a apersonar ante el Ministerio Público para coadyuvar con la investigación”, agregó.

Finalmente, mencionó que los vecinos del lugar detectaron movimiento de gente en ese lugar desde la primera ola de la pandemia por el COVID-19, así como el ingreso y la salida de ambulancias, lo que levantó las sospechas sobre la existencia de una irregularidad en sus actividades.

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