Ministro ratifica continuidad de la reforma judicial pese a impunidad que buscan opositores para casos Quiborax y golpe

Ministro ratifica continuidad de la reforma judicial pese a impunidad que buscan opositores para casos Quiborax y golpe

La Paz, 12 sep 2021 (ATB Digital).- El ministro de Justicia, Iván Lima, ratificó la continuidad del proceso de reforma judicial pese a las observaciones de sectores de la oposición que buscan la impunidad en los casos Quiborax y golpe de Estado 2019.

La postura fue expresada por la autoridad a través de la cuenta de Twitter del Ministerio de Justicia.

“Ministro @ivanlimamagne: La #ReformaJudicial no se va a detener por las condicionantes de políticos que buscan impunidad por el caso Quiborax y las masacres del golpe de Estado. Antes que buscar la destitución inconstitucional de autoridades, se debe completar acefalías de jueces (sic)”, escribió en la red social digital.

El 1 de septiembre, el Gobierno nacional presentó el plan estratégico de trabajo en seis ejes para la reforma de la justicia como política de Estado. Se tiene previsto que la socialización de la propuesta se realice a nivel nacional y con recolección de sugerencias en 90 días.

El plan se basa en el trabajo de los siguientes ejes: Balanceo del conflicto, el sistema de acceso a la justicia, la independencia judicial, las soluciones TIC, desarrollo normativo y la transparencia institucional.

En noviembre de 2019, el presidente Luis Arce instruyó al ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, el estudio, diseño e implementación de un plan estratégico de reforma para lograr una justicia oportuna, eficiente, transparente y eficaz.

Por su lado, sectores de la oposición, como Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, condicionaron la aprobación del juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez por las masacres de Sacaba y Senkata a que primero se desestructure el órgano judicial a través de la destitución colectiva de fiscales y magistrados.

Además, Mesa tiene sobre sus espaldas el caso Quiborax referido que, cuando fue presidente de Bolivia, aprobó un Decreto Supremo para la revocatoria de concesiones mineras de una empresa privada, norma que vulneró una ley, incumplió seis auditorías y plazos, lo que derivó en una pérdida para el Estado de $us 42 millones tras un largo proceso de arbitraje.

Por ese caso, la Asamblea Legislativa Plurinacional analiza autorizar un juicio de responsabilidades contra Mesa. (ABI)

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