La Paz, 2 mar 2022 (ATB Digital).- Patricia Tappatá Valdez, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), aseveró este miércoles que los hechos luctuosos de noviembre de 2019 fueron producto de una espiral de violencia. Exhortó a los líderes políticos erradicar discursos descalificativos o discriminatorios para evitar que los hechos violentos se repitan.
“Los hechos graves que describe el informe no sucedieron de modo inesperado, fueron precedidos de una espiral generadora de violencia, tanto por los discursos enfrentados de los líderes políticos como por el rápido recurso de la violencia en las demostraciones callejeras que expresaban simpatías ideológicas, políticas, descalificando al adversario tanto por sus convicciones como por su pertenencia étnica. Estas prácticas deben erradicarse, si quieren evitarse la repetición de los hechos como el que hemos analizado”, aseveró la investigadora.
Tappatá indicó que el acuerdo firmado con el Estado Plurinacional de Bolivia habilitó al grupo de expertos para investigar actos de violencia que incluían fallecimientos, lesiones, detenciones arbitrarias e irregulares, actos de racismo y de discriminación, vulneraciones a la libertad de expresión, persecución judicial y extrajudicial, desapariciones forzadas, torturas, incendio y destrucción de las propiedades, amenazas y hechos afines en marco de las protestas movilizaciones.
El grupo de investigadores independientes de la GIEI- Bolivia presenta ahora su informe final sobre los hechos luctuosos ocurridos en Bolivia el 2019, ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Según este informe, al menos 11 derechos fueron vulnerados en el país durante 2019.
El informe establece que se vulneró el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a la honra, dignidad y vida privada; las garantías judiciales y debido proceso; la libertad de expresión, derecho de reunión y libertad de asociación; el derecho a la no discriminación, el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia; el derecho a la salud; el derecho a la propiedad y el derecho al trabajo.
“Debe señalarse que, si bien el acuerdo se firmó en diciembre del año 2019, fue recién en noviembre del años 2020 y una vez instalado el Gobierno del presidente Luis Arce (Catacora) que pudo instalarse habiendo superado dilaciones y las dificultades que habría impuesto la crisis sanitaria”, señaló.
La investigadora señaló que la investigación fue realizada en durante ocho meses, en los que se trasladaron a diferentes departamentos para hablar con las víctimas, familiares, autoridades, otros actores y testigos de los hechos.
“Realizamos más de 400 entrevistas y fueron muchas las personas e instituciones que compartieron con nosotros su relato y sus documentos para hacer posible la investigación a todos ellos nuestro agradecimiento por su cooperación y confianza”, acotó. / ABI