Hace dos años, la OEA se convirtió en el brazo operativo del golpe de Estado

Hace dos años, la OEA se convirtió en el brazo operativo del golpe de Estado

La Paz, 10 nov 2021 (ATB Digital).- Un 10 de noviembre, hace dos años, la Organización de Estados Americanos (OEA) difundió, de manera unilateral y sin previo acuerdo con el Estado, un informe preliminar sobre las elecciones presidenciales pese a que el conteo de votos continuaba en Bolivia. Así asumió una acción política contra el Gobierno de Evo Morales.

El 20 de octubre de 2019, los bolivianos acudieron a las urnas en el marco de las elecciones presidenciales. Al día siguiente, sectores críticos al Gobierno de Morales impulsaron protestas mientras el conteo de votos no había culminado.

Los datos electorales oficiales fueron desconocidos con movilizaciones desde sectores afines a la oposición impulsados, en una primera etapa, por afines a la alianza opositora Comunidad Ciudadana y luego por los comités cívicos, sobre todo de Santa Cruz y Potosí.

Los conflictos se extendieron hasta noviembre. Mediante un comunicado, el denominado Grupo de Auditores del Proceso Electoral en Bolivia, designado por la organización internacional, dio a conocer el 10 de ese mes, el documento que establecía: “Atento al cúmulo de irregularidades observadas, no es posible garantizar la integridad de los datos y dar certeza de los resultados”.

El secretario General de la OEA, Luis Almagro, basado en ese informe denunció, sin pruebas, un presunto fraude que hasta la fecha no pudo demostrar.

Provocó, con esas afirmaciones, protestas y hechos delincuenciales de sectores críticos al Gobierno de Morales, quien luego renunció y denunció un golpe de Estado ante la escalada de violencia.

Hasta la fecha, seis publicaciones internacionales descartaron la existencia de fraude durante los comicios presidenciales de 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Las investigaciones corresponden al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), la Universidad de Salamanca de España, la Fundación Carolina, Center for Economic and Policy Research (CEPR), una investigación realizada por expertos del Instituto de Tecnología de Massachusetts y The New York Times, que tuvo acceso a un trabajo de expertos independientes.

La Procuraduría General del Estado concluyó el 15 de octubre de 2021 la revisión de actas electorales de los comicios presidenciales de 2019, cuando sectores de oposición denunciaron sin pruebas un presunto fraude que provocó convulsión social y el golpe de Estado.

El procurador Wilfredo Chávez sentenció que tras el análisis queda demostrado que no hubo fraude.

“Hemos hecho un análisis acta por acta para demostrar que no hubo fraude en estas elecciones y lo hemos demostrado. Puedo decir en este momento, compañeros y compañeras, con total franqueza que no existió fraude electoral en las elecciones del año 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento”, dijo.

Fuente: ABI

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