La Paz, 24 ago 2022 (ATB Digital).- Un juzgado de Trinidad, Beni, determinó la detención domiciliaria de
la exdiputada Margarita Fernández, de la extinta alianza Unidad
Demócrata (UD), por asumir la presidencia de Diputados durante la crisis
de 2019, vulnerando las normas legislativas.
Durante la audiencia cautelar también se le conminó a pagar una
fianza. La exlegisladora es procesada por los delitos de presunta
usurpación de funciones, atribuciones de los derechos del pueblo y
otros, cuando asumió ese cargo, antes de la autoproclamación de Jeanine
Áñez como presidenta, en noviembre de 2019.
En ese marco, la Justicia determinó que Fernández deba presentar tres
garantes, que están obligados a cancelar cada uno a Bs 10.000, además
que se dispuso su arraigo y solo podrá salir de su casa en horarios
laborales.
“Nunca hubo vacío de poder. La compañera Susana Rivero era la primera
vicepresidenta de Diputados y su renuncia se aceptó recién el 20 de
noviembre, por lo que ella seguía en su cargo cuando Jeanine Áñez se
autoproclamó presidenta del Senado y luego del país”, informó ayer el
presidente de Diputados, Freddy Mamani, citado en un boletín
institucional.
La autoridad legislativa fue quien promovió este proceso penal en contra de la exdiputada, desde el 19 de enero de este año.
Mamani argumentó que se impulsó la presente demanda, amparado en la
sentencia 0052/2021 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que
desvirtuó un supuesto vacío de poder durante la crisis política de 2019
y dejó en claro que la sucesión automática es válida únicamente para el
caso del presidente del Estado y no para las presidencias de Diputados
ni de Senadores.
Según las investigaciones que se hacen en este caso, bajo esa figura,
Fernández intentó aplicarlo con la intención de ocupar la Presidencia
de la Cámara de Diputados en lugar de Susana Rivero.
En ese marco, el presidente de Diputados reafirmó que “nunca” hubo
vacío de poder debido a que Rivero continuaba ejerciendo la
vicepresidencia de la Cámara de Diputados, pues la renuncia fue aceptada
recién el 20 de noviembre de ese año.
LA RAZÓN