La Paz, 07 de may 2024 (ATB Digital).– Un programa específico para delitos sexuales y un test para determinar la peligrosidad, son algunas de las medidas para brindar atención integral a los adolescentes dentro del sistema penal, acordadas en un encuentro nacional que reunió a autoridades del Gobierno y la Justicia.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, informó que se hizo hincapié en los casos relacionados a delitos contra la libertad sexual.
El Encuentro Nacional de Entidades de Atención del Sistema Penal para Adolescentes se realizó este 2 y 3 de mayo. Contó con la colaboración de centros de reintegración social (CRS), centros de orientación (CO), juzgados públicos de niñez y adolescencia, el Ministerio Público y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep).
Una de las preocupaciones principales fue la de los adolescentes con responsabilidad penal ligados a delitos contra la libertad sexual. Durante la inauguración del encuentro, Cruz detalló que, de los 1.420 adolescentes privados de libertad, “cerca del 73% corresponde a delitos relacionados a violencia sexual”.
En consecuencia, se acordó trabajar en programas específicos contra este tipo de violencia para una atención integral. Además, se implementará “el test IGI-J (Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes), para determinar el grado de peligrosidad o nivel de riesgo que tiene el adolescente agresor sexual”, explicó la viceministra.
A través de estas medidas, se busca apoyar a la reinserción social de los menores de edad y una atención personalizada e integral en los centros donde se encuentren.
Medidas
En total se acordaron 21 medidas para dar respuesta a las problemáticas presentadas y se alentó al fortalecimiento de equipos multidisciplinarios a escala nacional. Santa Cruz, Tarija y Cochabamba, son los únicos que cuentan con equipos técnicos en justicia restaurativa para la reparación de la víctima.
“Lastimosamente, los gobiernos autónomos departamentales no han cumplido con su rol de forma efectiva. Solamente tres de nueve departamentos cuentan con los equipos multidisciplinarios”, explicó Cruz a Bolivia Tv.
Se abordó también el tema de adolescentes privados de libertad con discapacidad mental en estos centros de reintegración; el caso de los menores de edad en situación de calle que no cuentan con tutores responsables; la situación de población preventiva que no recibe educación o terapia; y la creación de centros de reintegración social para jóvenes de entre 18 y 24 años.
Hasta el 2020 el número de adolescentes dentro del sistema penal era de 476 en el país. Sin embargo, para 2023, esta cifra de detenidos vinculados con actividades ilícitas “aumentó en un 34%”.
FUENTE: LA RAZÓN