La Paz, 12 de feb 2025 (ATB Digital).- Una misión de expertos forenses forestales de Francia sostuvo un encuentro con el procurador general del Estado, Ricardo Condori, con el objetivo de evaluar el impacto ambiental ocasionado por los incendios forestales en 2024 y formular nuevas estrategias para la gestión sostenible de los bosques en el país.
“La Procuraduría General del Estado juega un rol clave en la defensa del medio ambiente, promoviendo litigios estratégicos para la protección de los recursos naturales, impulsando normativas ambientales y garantizando el cumplimiento de tratados internacionales en materia de conservación forestal y lucha contra los delitos ambientales”, enfatizó Condori.
Incendios
El encuentro se enmarca en el compromiso del Gobierno y la Vicepresidencia de fortalecer la justicia ambiental y climática, en línea con el Acuerdo de Escazú.
La reunión, financiada por la Agencia Francesa para el Desarrollo e implementada por la Agencia de Cooperación Técnica Internacional Expertise France, pretende identificar el origen y la magnitud de los daños causados por los incendios, así como planificar una serie de capacitaciones y estudios de campo en las zonas afectadas.
Estos estudios permitirán analizar en detalle los impactos de los incendios y establecer estrategias efectivas de recuperación y prevención de futuros desastres ambientales.
En 2024, el país se declaró en desastre nacional a causa de los incendios forestales en el oriente boliviano, que causaron la pérdida de más de 10 millones de hectáreas de bosque.
Además, en la reunión se discutió la elaboración de un protocolo específico para la determinación del daño medioambiental en el ámbito forestal.
Dicho protocolo busca fortalecer las capacidades nacionales en investigaciones forenses ambientales y sentar las bases para la implementación de políticas públicas que garanticen una respuesta oportuna ante emergencias y contribuyan a la protección de los bosques en Bolivia.
Condori destacó que esta iniciativa representa un paso significativo para la consolidación de una política ambiental robusta y para la integración de criterios científicos en la toma de decisiones en materia de protección de recursos naturales.
FUENTE: LA RAZÓN