Por: Carmen Parejo Rendón
La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó hace unos días el control estatal sobre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante los actos conmemorativos de la expropiación petrolera de 1938.
A través de un decreto que expide ocho leyes secundarias en materia energética, Sheinbaum no solo establece un blindaje jurídico para los recursos nacionales, sino que retoma el legado de Lázaro Cárdenas del Río en un escenario de aumento de las presiones internacionales en medio de la decadencia de la hegemonía estadounidense.
Al fin y al cabo, México “tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos” ha sido ya amenazado con aranceles y otras prácticas por un vecino desatado y en claro declive.
En un país donde el despojo de los bienes comunes ha sido sistemático, su decisión marca un punto de inflexión: cerrar el paso a la privatización y reafirmar que la energía debe estar al servicio del pueblo y no del gran capital. Una necesaria declaración de principios que recuerda que la soberanía no es un legado asegurado, sino una batalla permanente frente a los intereses transnacionales que, desde siempre, han buscado expoliar las riquezas del país.
John Reed, único estadounidense enterrado en el Kremlin, ya lo advertía en su crónica sobre la revolución de 1910, el ‘México insurgente’ marcaba el sendero de la historia.
La Revolución mexicana, primera gran sacudida popular del siglo XX, abrió una senda de justicia para las masas olvidadas, marcando el inicio de una disputa permanente entre el pueblo y los grandes intereses económicos que persiste hasta nuestros días.
En un país donde el despojo de los bienes comunes ha sido sistemático, la decisión de Sheinbaum marca un punto de inflexión.
La lucha por la tierra, el trabajo y la soberanía se convirtieron en un proyecto nacional del que fue un referente claro la expropiación petrolera de 1938 bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940). La expropiación significó, en ese sentido, la resistencia organizada de una nación que se negaba a ser botín de intereses foráneos, dejando claro que el control de los recursos naturales no es solo una cuestión económica, sino el reflejo directo de la soberanía popular. La riqueza del subsuelo no podía seguir siendo garantía de acumulación para unos pocos mientras el pueblo era condenado a la miseria.
Por eso, la expropiación de 1938 no fue un acto de generosidad estatal, sino una respuesta contundente ante un acto criminal de pillaje. Cárdenas, amparado en el artículo 27 de la Constitución de 1917, no solo rescató el petróleo, sino que estableció un principio innegociable: sin soberanía energética, no hay autodeterminación nacional.
Sin embargo, la reacción imperialista no tardó en llegar. EE.UU., Reino Unido y Países Bajos impusieron un embargo petrolero con la intención de asfixiar a México.
El gobierno respondió con estrategia: diversificó mercados, fortaleció la industria y movilizó al pueblo. El resultado: un crecimiento económico sin precedentes, que ubicó a México entre las economías más pujantes de América Latina junto a Brasil y Argentina, donde también imperaba un modelo nacionalista y de control estatal.
La expropiación significó la resistencia organizada de una nación que se negaba a ser botín de intereses foráneos.
Aun así, la ofensiva contra México no cesó. En los años 80, bajo el yugo del Fondo Monetario Internacional (FMI), comenzó el desmantelamiento de este modelo. Miguel de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000) reiniciaron el saqueo, a través del expolio legislado. Profundizando un asalto contra las clases populares mexicanas.
La privatización significó la pérdida del control del Estado sobre los sectores estratégicos, como el petróleo, la energía eléctrica o las comunicaciones, lo que debilitó la soberanía del país y convirtió a las empresas mexicanas en subsidiarias de conglomerados transnacionales. También supuso la pérdida de ingresos para la nación, ya que dependían en gran medida de empresas como Pemex y CFE, un déficit que fue compensado con más endeudamiento externo y recortes en el gasto público, sobre todo en salud y educación.