Cochabamba, 25 de abr 2025 (ATB Digital) .- La Viña Central Norte, en El Abra, Sacaba, fue ayer escenario de una operación de magnitud. Cerca de 300 policías, acompañados por funcionarios municipales, ingresaron con retroexcavadoras para demoler lo que —según el subalcalde del Distrito 6, Wilder Inturias— eran construcciones ilegales. A medida que avanzaban las máquinas, también crecía la tensión: en algunos momentos, los uniformados lanzaron agentes químicos para controlar la resistencia de algunos ocupantes.
Según Inturias, la intervención se realizó en cumplimiento de la Resolución Municipal 016/23, que autoriza la demolición de construcciones ilegales. Indicó que las edificaciones no cuentan con planos de lote ni de construcción. Además, aclaró que el operativo no busca definir el derecho propietario, ya que esa no es competencia del municipio, y los terrenos en cuestión serían privados.
La resolución establecía la demolición de 35 “construcciones ilegales”. Al respecto, Inturias señaló que se logró avanzar con más del 70% del total, aunque anunció que se realizará un relevamiento para precisar las cifras. Aseguró también que, antes del operativo, se emitieron las notificaciones correspondientes.
Para evitar vulneraciones de derechos, en la intervención participaron funcionarios de diversas unidades municipales, entre ellas la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Adulto Mayor, la Unidad Municipal de Atención a Personas con Discapacidad (Umadis) y Zoonosis.
Durante el tiempo que este medio permaneció en el lugar, se observó cómo la maquinaria derribaba muros y habitaciones de construcciones deshabitadas. En aquellas donde aún vivían familias, solo se procedió a demoler los muros exteriores.
En algunos casos, se llegó a acuerdos con los ocupantes, quienes retiraron sus pertenencias antes de la intervención.
El ambiente era tenso. Algunas familias suplicaban que se detuviera la demolición, mientras otras se interponían entre la maquinaria y sus viviendas para evitar que las destruyeran. La mayoría coincidía en que habían adquirido los lotes hace unos cuatro años. Una mujer explicó que su documentación está en trámite y que es su abogado quien lleva el seguimiento del proceso. Muchos aseguraron que no se irían del lugar, ya que no tenían otro sitio al cual trasladarse.
Sobre la operación, el jefe de Planeamiento de la Policía, coronel Quisbert, informó que el contingente desplegado estaba compuesto por unos 300 efectivos, de los cuales alrededor de 120 pertenecían al Comando Regional de Sacaba. Señaló que su presencia respondía al cumplimiento de la resolución municipal y que se coordinó con distintas unidades para garantizar la protección de los derechos de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y animales. Según la información que recibió del equipo jurídico, las notificaciones previas fueron emitidas y el procedimiento se llevó a cabo conforme a la ley.
Casi al mediodía, los equipos se retiraron del lugar. Se conoce que la notaría de Gobierno detuvo la demolición, aunque circulan dos versiones sobre los motivos: una indica que la interrupción se debió a que una persona se sintió mal, mientras que la otra sugiere que la falta de órdenes, como la de allanamiento, dado que algunas de las construcciones aún eran habitadas por familias. La información al respecto se maneja con hermetismo.
Fuente: Opinión