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El Fiscal General critica la extradición de Tuta debido a la ausencia de garantías

La Paz, 25 de mayo 2025 (ATB Digital).- El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, se refirió a la extradición de un jefe del grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC). Señaló que la misma se realizó sin cumplir con los procedimientos legales que ameritan.

Marcos Roberto Almeida, alias Tuta, fue detenido en la ciudad de Santa Cruz y entregado a la policía federal de Brasil el 18 de mayo. Su aprehensión ocurrió cuando realizaba trámites para regularizar sus documentos de extranjería en el país.

«Lo que nos preocupa como Ministerio Público -y a mí como su máxima autoridad- es que, sin notificación previa, sin orden judicial y estando el imputado bajo proceso, se haya dispuesto su traslado a otro país», lamentó Mariaca.

El fiscal cuestionó a la Policía y al Ministerio de Gobierno que extraditaron sin conocimiento del Ministerio Público y sin una orden judicial a Marcos Roberto de Almeida a Brasil.

“Nosotros hacemos el trabajo con la misma Policía Boliviana, los investigadores y el fiscal que estaban en el caso y sin ningún informe se procede a llevar esta persona a otro país sin cumplir las normas. Para extraditar a una persona existe un proceso donde participo yo y los miembros del Tribunal Supremo de Justicia”, recalcó la autoridad.

Extradición

Asimismo, Mariaca aseveró que el Ministerio Público continuará con las investigaciones, porque considera que otras personas están inmiscuidas en el hecho.

El arresto de Tuta se produjo en una oficina del Servicio General de Identificación Personal (Segip) situada dentro de un centro comercial en Santa Cruz de la Sierra.

La Policía aprehendió también al mayor de policía Jesús S. H., quien acompañaba al líder del PCC. Presuntamente, el jefe policial le brindaba seguridad.

Este policía fue enviado el sábado a la cárcel de Palmasola, al corroborarse que tenía vínculos directos con Marcos Roberto Almeida. Lo acusan por comisión de los delitos de usurpación de funciones y uso indebido de influencias.

Fuente: La Razón

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