La Paz, 21 de jun 2025 (ATB Digital).- La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos informó que el exministro Arturo Murillo, hombre fuerte de Jeanine Áñez, dejó de estar en custodia de esta agencia judicial desde el 20 de junio de este año.
Thomas Becker, abogado estadounidense y activista de los derechos humanos, aseveró que el gobierno de Bolivia debe estar alerta para garantizar la extradición de Murillo, ante su posible liberación, en razón a la coyuntura actual respecto a las deportaciones ordenadas por Donald Trump.
Murillo fue condenado el 4 de enero de 2023 a 70 meses de cárcel en el centro de detención federal de Miami por la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio. Se estima que su salida, programada para este sábado, pueda deberse a una reducción de condena por buen comportamiento.
El fiscal Omar Mejillones informó el viernes que Murillo tiene ocho procesos abiertos ante la justicia boliviana.
Indicó además que, de los ocho procesos, dos ya cuentan con sentencia, dos llegaron a la etapa de juicio oral, otros dos se encuentran en etapa preliminar y los otros dos en la etapa preparatoria.
Murillo fue sentenciado dentro el caso gases Ecuador y gases Lacrimógenos. Por el primero recibió una sentencia de cinco años y por el otro tiene una condena de ocho años.
También la exautoridad enfrenta cargos por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, robo agravado, entre otros.
Además, se conoce que Murillo está enjuiciado dentro el caso Masacres de Senkata y Sacaba, que investiga su presunta responsabilidad en ambas represiones.
En octubre de 2022, el exministro se había declarado culpable de las acusaciones en Estados Unidos y, a raíz de ese proceso, el Estado de Bolivia inició otra causa, civil, contra Murillo, con el fin de recuperar los fondos desviados.
El 9 de abril de 2024, el Undécimo Distrito Judicial de Miami, Florida, emitió la sentencia. Dispuso que el exministro de Gobierno debiera indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42 en el caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019.
Fuente: La Razón