La Paz, 16 de ago 2025 (ATB Digital) .- La Fiscalía General del Estado de Bolivia participó en la XXXI Reunión Ordinaria del Comité Andino Ad Hoc de Minería Ilegal y en la I Reunión de Alto Nivel Estratégico para el Abordaje Integral de la Minería Ilegal, desarrolladas en Lima, Perú, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional frente a esta problemática que afecta a varios países de la región andina.
El evento, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), reunió a autoridades, expertos y delegaciones oficiales de los países miembros, quienes compartieron avances, desafíos y estrategias para enfrentar de manera integral la minería ilegal, una actividad ilícita que genera graves impactos sociales, económicos y ambientales en la región.
Bolivia estuvo representada por la fiscal superior en Anticorrupción, Mirtha Mejía Salazar, quien expuso experiencias, buenas prácticas y estrategias aplicadas en el país para combatir esta actividad ilícita y sus delitos conexos.
Minería
La jefa de la Unidad Nacional de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, María Luisa Herrera, destacó el compromiso institucional en este ámbito.
“Desde la Fiscalía General del Estado continuaremos promoviendo el trabajo articulado con organismos internacionales y autoridades de la región para enfrentar de manera eficaz este flagelo que afecta a múltiples comunidades en el ámbito andino”, sostuvo.
Según el Ministerio Público, la participación boliviana reafirma el interés del país en avanzar en acciones multilaterales coordinadas que permitan frenar la expansión de la minería ilegal, mejorar la cooperación judicial y proteger tanto a las comunidades como a los ecosistemas más vulnerables de la región.
En el encuentro se reiteró minería ilegal es una de las principales fuentes de mercurio en los ríos amazónicos, poniendo en riesgo la salud de miles de comunidades indígenas.
Inclusive, el pasado miércoles, el Gobierno declaró desastre nacional por la actividad minera en Oruro que genera contaminación ambiental y afecta a varias localidades.
Fuente: La Razón