La Paz, 14 de sep 2025 (ATB Digital).- El Estado boliviano está obligado a atender los compromisos y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Derechos Humanos, por lo que las masacres de Senkata y Sacaba en 2019 no pueden quedar en la impunidad, de lo contrario, se dejaría un precedente nefasto, afirmó este domingo la ministra de Justicia, Jessica Saravia.
“Hay que entender que estos informes y las recomendaciones no se hacen a uno de los órganos del Estado, sino al Estado boliviano. Es por eso que, por ejemplo, el informe de la CIDH establece que debe existir la voluntad real del Estado de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que se generen los procesos necesarios y se haga justicia. Es decir, que las víctimas puedan obtener justicia”, enfatizó en Bolivia TV.
Remarcó que se trata de hacer justicia a más de 30 personas que perdieron la vida por impactos de bala cuando militares y policías fueron movilizados para intervenir violentamente una protesta vecinal en Senkata y una marcha en Sacaba en 2019.
“Hablamos de vidas humanas y creemos que es importante no dejar precedentes nefastos dentro de nuestra historia y evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir”, enfatizó Saravia.
La CIDH y la ONU Derechos Humanos en América del Sur advirtieron el viernes del riesgo de impunidad en las masacres de Senkata y Sacaba ante fallos judiciales que dejaron en libertad a policías y militares sindicados por los hechos de 2019.
Los procesos contra Jeanine Áñez por las masacres fueron anulados y llevados a juicio de responsabilidades, a pesar de su tratamiento penal por varios años.
Los procesos por las masacres Senkata y Sacaba se iniciaron a partir de los informes internacionales a cargo de expertos independientes de la CIDH, tras realizar una visita in situ en Bolivia y contar con la información correspondiente. Informes que consideran y recomiendan al Estado boliviano realizar los procesos de investigación y sanción correspondientes, dijo.
Recordó que, la Comisión CIDH y la oficina del Alto Comisionado expresaron que consideran que la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar “un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”,
Sostuvo que, si las recomendaciones de la CIDH no son atendidas por el Estado, las partes pueden acudir a las CIDH y la Corte puede sentenciar a Bolivia a pagar una indemnización.
Reiteró que las recomendaciones de los organismos son compromisos internacionales que Bolivia asume como país y por tanto, todas las instituciones de todos los órganos del Estado.
Recordó, además, que cuando se iniciaron estos procesos fue el Órgano Judicial que determinó la vía que seguirían.
Fuente: ABI