La Paz, 2 de oct 2025 (ATB Digital) .- La resolución surge tras la anulación de los procesos judiciales vinculados a los hechos de violencia en Senkata y Sacaba, una decisión que, según las víctimas, representa un acto de discriminación y profundiza la impunidad.
Las víctimas de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), registradas en noviembre de 2019, emitieron un voto resolutivo en el que rechazan lo que consideran actos de impunidad y manipulación política por parte de operadores judiciales y actores políticos que buscan —según denuncian— el “retorno de los privilegios de la República”.
En el pronunciamiento, recordaron las conclusiones del Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), presentado el 17 de agosto de 2021 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se estableció que durante la administración de Jeanine Áñez se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones sumarias, torturas, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
“El informe lo dice claramente, ‘lo acepte o no lo acepte’, se violaron los derechos humanos en noviembre y diciembre de 2019, cometiendo ejecuciones sumarias”, señala parte del pronunciamiento.
La resolución surge tras la anulación de los procesos judiciales vinculados a los hechos de violencia en Senkata y Sacaba, una decisión que, según las víctimas, representa un acto de discriminación y profundiza la impunidad.
Entre los puntos centrales del voto resolutivo, las víctimas exigen que su nombre colectivo no sea utilizado en actos públicos o conferencias de prensa sin su consentimiento.
“Nuestra dignidad fue mellada, agredida y utilizada”, afirman.
Asimismo, anunciaron que solicitarán formalmente a la CIDH y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) su intervención, al considerar que el sistema judicial boliviano niega su derecho al acceso a la justicia.
“Los operadores de justicia republicanos nos negarán el acceso a la justicia con la farsa de juicio de privilegio o de responsabilidades”, señalaron.
El documento también exige al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio Público que, en un plazo de 24 horas, inicien de oficio las investigaciones correspondientes y emitan las acciones necesarias para sancionar a los responsables de los hechos descritos en el informe de la GIEI-CIDH.
“Pedimos igualdad de condiciones en derecho y justicia. Caso contrario, los consideraremos violadores de derechos humanos, por omisión o por comisión”, advirtieron.
El voto resolutivo también cuestiona a los medios de comunicación que, desde noviembre de 2019 hasta la fecha, no habrían dado espacio a la contraparte de las víctimas, vulnerando —según denuncian— su derecho a la réplica, establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Ley de Imprenta boliviana.
De persistir estas actitudes, anunciaron que los denunciarán públicamente y los declararán violadores del derecho a la libertad de expresión.
En ese contexto, piden al futuro presidente y vicepresidente del Estado, así como a su futuro gabinete, firmar un “Compromiso por los Derechos Humanos”, ya entregado a sus oficinas, y a comprometerse a erradicar la discriminación y el racismo contra las víctimas de las violaciones ocurridas en 2019.
Fuente: Correo del Sur