La Paz, 20 de nov 2025 (ATB Digital).- El ministro de Justicia, Freddy Vidovic, emitió este miércoles un pronunciamiento público luego de que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmara que existe una sentencia ejecutoriada de tres años en su contra, lo que —según señaló— le impediría ejercer el cargo. Vidovic sostuvo que se intenta forzar su renuncia con base en una resolución judicial que considera injusta y producto de graves vulneraciones a sus derechos fundamentales.
“Como ciudadano y actual Ministro de Justicia, me dirijo a ustedes para expresar mi profunda preocupación y rechazo a las presiones que se están ejerciendo para que renuncie”, afirmó, señalando que la sentencia fue emitida en un “proceso político irregular”, marcado por coacción y amenazas posteriores “a un secuestro y tortura”.
Vidovic recordó que en 2015 fue víctima de un proceso que calificó como político, el cual —según dijo— culminó con una condena ilegal a tres años de prisión con suspensión condicional de la pena. Sostuvo que el caso estuvo rodeado de “graves irregularidades y violaciones a mis derechos humanos”.
El ministro detalló que el Artículo 234 de la Constitución Política del Estado establece que no se puede impedir el ejercicio de la función pública por una sentencia penal “pendiente de cumplimiento”, y recalcó que la resolución que se pretende usar en su contra está “viciada de nulidad” por haber sido dictada sin garantías. Añadió que el Artículo 441 del Código de Procedimiento Penal permite la cancelación de antecedentes después de ocho años de dictada la sentencia, y subrayó que “han transcurrido más de 10 años desde que se dictó la sentencia ilegal”.
También aseguró que nunca fue notificado legalmente con esa resolución, lo cual —afirmó— vulnera su derecho a la defensa. Por ello, anunció que interpondrá un recurso de revisión extraordinaria de sentencia “para que se revisen las circunstancias que rodearon mi condena y se garantice mi derecho a la justicia y a la verdad”.
Vidovic rechazó cualquier intento de privarlo de sus derechos ciudadanos o de apartarlo del cargo mediante lo que considera una persecución política. “No permitiré que se utilice la justicia para perseguir a quienes luchan por la verdad y la justicia”, señaló, y remarcó que continuará ejerciendo sus funciones “de acuerdo con la Constitución y las leyes”, comprometido —dijo— con la transparencia y la defensa del estado de derecho.
Fuente: Correo del Sur