La Paz, 23 de nov 2025 (ATB Digital).- El hacinamiento carcelario continúa siendo una deuda pendiente del Estado. Según la Defensoría del Pueblo, hasta junio de este año las prisiones del país registraron una sobrepoblación superior al 105%, con más de 33.275 personas privadas de libertad.
Para enfrentar esta situación, en el primer trimestre de esta gestión, el entonces presidente Luis Arce puso en vigencia el Decreto Presidencial 5137, que otorga amnistía e indulto por razones humanitarias a personas detenidas preventivamente o con sentencia condenatoria ejecutoriada.
El objetivo era liberar a unas 2.500 personas y así descongestionar los penales. Sin embargo, la aplicación de esta medida avanza con una lentitud extrema. A ocho meses de su promulgación y cuatro para culminar su plazo, solo una persona fue beneficiada con el indulto y otras siete aún esperan la resolución judicial correspondiente.
Es decir, solo siete beneficiados frente a 19.375 detenidos preventivos (a junio de este año) y 13.900 internos que cumplen condenas.
La Defensoría del Pueblo ya había expresado su preocupación, y señaló que el Decreto 5137 repite las mismas limitaciones del decreto emitido en marzo de 2024.
“Hasta el 30 de junio del presente año, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), instancia encargada de la amnistía, informó que no emitió ninguna Resolución de Amnistía. Por su parte, la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP), encargada de los informes de indulto, emitió solo siete resoluciones hasta el 18 de agosto”, informó la Defensoría a través de un pronunciamiento el pasado 24 de octubre.
La cifra contrasta de manera dramática con los 33.275 privados de libertad registrados hasta junio de 2025, por lo que Defensoría advirtió que las cárceles bolivianas están en una situación de “alerta temprana crítica”, con riesgo de escalar hacia una crisis humanitaria.
El decreto presidencial para los privados de libertad —según el informe ‘Alerta temprana sobre la situación de cárceles en Bolivia’ d la Defensoría— fue presentado inicialmente como una herramienta urgente para atender a grupos vulnerables dentro de las cárceles como adultos mayores, mujeres gestantes, personas enfermas o con discapacidad. Sin embargo, “el proceso estuvo marcado desde el inicio por demoras administrativas, falta de coordinación y obstáculos judiciales”.
Asimismo, a 17 días de culminar su mandato Arce promulgó un segundo decreto presidencial, —5460/25—, para tratar que más privados de libertad puedan beneficiarse de esta acción, la cual según la Defensoría “constituye una medida de alivio temporal, pero no una solución estructural a la crisis penitenciaria”.
Argumentó que esta medida no aborda las causas estructurales del hacinamiento ni las condiciones inhumanas de los centros penitenciarios, “donde persisten graves deficiencias de infraestructura, atención en salud, acceso a agua, educación y programas de reinserción”.
El decreto prevé beneficiar a unos 5.000 privados de libertad en los próximos 12 meses, lo que representa cerca del 15% de la población penitenciaria nacional; aunque, para el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, “resulta insuficiente porque solo se refiere al indulto y no a la amnistía”.
“El primer decreto básicamente ha sido insuficiente porque tienen a siete personas que se han beneficiado. En este segundo decreto (…) resulta que es insuficiente porque solo se refiere al indulto y no a la amnistía, y esto es para aquellos que tienen una sentencia que solo son el 40% de los privados de libertad”, indicó Callisaya a Éxito noticias el martes.
Añadió que junto a organizaciones de la sociedad civil se está trabajando en una norma que incluya tanto la amnistía como el indulto, “con una mirada del año del jubileo”. “Nosotros estamos trabajando con la norma de indulto sobre esta temática para que los privados de libertad puedan beneficiarse con el indulto”, señaló.
Sobrepoblación
Uno de los elementos centrales de la crisis penitenciaria es la detención preventiva, utilizada de manera excesiva y, según el propio Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), incluso con fines “indebidos”.
El 58% de la población penitenciaria —19.235 personas— está detenida sin sentencia y el 42% —13.900 privados de libertad— tiene sentencia.
El reporte del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD) señala que el departamento con mayor número de privados de libertad es Santa Cruz, que concentra el 36,5% (12.145) del total nacional. Le siguen La Paz con un 19,89% (6.618) y Cochabamba con un 14,47% (4.814).
En agosto de este año, el TSJ emitió el Instructivo N° 19/2025 que ordena revisar los plazos de detención preventiva. La medida generó expectativa, pero su impacto inicial también ha sido limitado, aunque el avance es más significativo que el decreto 5137 de indultos y amnistía carcelaria.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo informó que solo 200 privados de libertad fueron beneficiados con la revisión de plazos, una cifra inferior al 1,1% de las más de 19.000 personas que están en detención preventiva.
Para el titular del TSJ, estas jornadas han servido como diagnóstico para planificar la política penitenciaria de 2026, incluyendo un programa de visitas carcelarias presenciales que permitiría observar vulneraciones directamente en los penales del país, y no desde Sucre.
Según el titular del TSJ, la dependencia de la detención preventiva no solo alimenta el hacinamiento, sino que también se ha convertido en un terreno para prácticas corruptas.
La autoridad judicial afirmó, en al Streaming de La Razón, que “la detención preventiva se utilizó como un medio de extorsión y hay algunos jueces que siguen realizándolo. Primero meten a la cárcel a la gente y después terminan poniéndole un precio a la libertad o a otras medidas cautelares menos gravosas, cuando en realidad esta debe ser la excepción”
Saucedo indicó que “nadie” debiera entrar a la cárcel si no es estrictamente necesario para poder garantizar el sometimiento al proceso y la averiguación de la verdad.
Las declaraciones de la máxima autoridad judicial revelan la profundidad del problema del sistema carcelario, por lo que, —en su criterio—, se debe ir “modulando esa situación” y detectar “cuáles son los focos de corrupción que todavía se arraigan a mantener ese viejo sistema que quiere acompañar las nuevas dinámicas en la administración de justicia”.
Agregó que el tema del sistema carcelario “es un tema muy delicado” y advirtió que utilizar la detención preventiva con fines extorsivos y de corrupción “no se lo va a permitir bajo ningún motivo”.
La Defensoría también observó que a la sobrepoblación carcelaria se suma otra problemática como la falta de control estatal efectivo dentro de los hechos penales. Los hechos violentos se multiplican año tras año, y solo en 2025, según el informe defensorial, se registraron 15 muertes violentas hasta septiembre, superando las nueve de toda la gestión 2024.
Problemática
Entre los casos documentados hay decapitaciones, ataques con armas punzocortantes, agresiones por extorsión y una alarmante fuga de internos extranjeros.
También alerta sobre la atención en salud es insuficiente: solo 45 médicos, 22 psicólogos y 3 psiquiatras atienden a más de 33.000 internos. “Esta precariedad deriva en que el 90,64% de las muertes en custodia se debe a enfermedades, muchas de ellas evitables”, señala.
A la violencia y el hacinamiento también se suman los retrasos en el pago de prediarios, que en algunos penales superaron cinco meses en 2025.
Desde el quinto mes de esta gestión, esta situación provocó protestas en San Pedro de La Paz, Mocoví (Beni), Cantumarca (Potosí), Palmasola (Santa Cruz) y El Abra (Cochabamba).
La Defensoría del Pueblo y 23 organizaciones de la sociedad civil propusieron un plan integral de siete ejes: ampliación del uso de medidas alternativas, aprobación de manillas electrónicas, jornadas trimestrales de descongestionamiento, inversión en infraestructura, cumplimiento de prediarios, exámenes médicos iniciales y separación adecuada de internos.
Sin embargo, gran parte de estas medidas no se ha implementado o avanza con serias dificultades. “La falta de coordinación entre niveles de gobierno, la lentitud judicial, la corrupción persistente, el abandono presupuestario y el escaso impacto del indulto conforman un panorama oscuro, que deja al sistema penitenciario al borde del colapso”, dijo la institución.
Añadió que mientras los penales del país sigan operando muy por encima de su capacidad, enfrentando violencia, enfermedades, falta de alimentos y hacinamiento extremo, el indulto presidencial, la brecha entre el discurso humanitario del Gobierno y la realidad de los internos es tan amplia como el hacinamiento que los asfixia.
La Defensoría advirtió que, de no actuar con urgencia, Bolivia podría enfrentar una crisis penitenciaria sin precedentes.
Fuente: La Razón