La Paz, 25 de nov 2025 (ATB Digital).- En un movimiento destinado a la reingeniería del aparato estatal, el Gobierno anunció este lunes que las competencias del Ministerio de Justicia serán absorbidas principalmente por el despacho de la Presidencia. Su titular, José Luis Lupo, explicó que la decisión responde a una política de austeridad y racionalización, bajo la premisa de que “el Estado está sobredimensionado”.
La reestructuración implica una reducción burocrática. Los cinco viceministerios que componían la extinta cartera de Justicia se fusionaron y reorganiceron para dar lugar a solo dos entidades que ahora dependen del despacho de Lupo: el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización.
Entretanto, el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor fue transferido al Ministerio de Desarrollo Productivo, al considerarse que esa es el área donde corresponde gestionar sus competencias técnicas y de fiscalización de mercado.
Durante la conferencia de prensa realizada en la Casa Grande del Pueblo, Lupo detalló que esta absorción de funciones busca eliminar la dispersión institucional. “Queremos achicar el Estado. Creemos que el Estado está sobredimensionado. Pero, obviamente, no tenemos una política de hacerlo irracionalmente, sino en relación a las funciones y a las prioridades que se establezcan”, explicó el Ministro.
¿Un superministerio?
Con esta modificación, el Ministerio de la Presidencia consolida su rol como eje central de la gestión del Gobierno. A su estructura vigente, que ya contaba con los viceministerios de Coordinación de la Gestión Pública, Coordinación Política y Legislativa, Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Autonomías y Tierras, se suman ahora los dos viceministerios de Justicia.
No obstante, Lupo aclaró que la transferencia de ciertas atribuciones, como las relacionadas con el notariado y el registro de abogados, al Ministerio de la Presidencia tiene un carácter “modificatorio y transitorio”. El objetivo no es concentrar poder, sino ordenar la administración pública, según indicó. “La idea y el espíritu es devolver cada cosa a su lugar y no tener, simplemente por mayor burocracia o mayor poder, el tema de notarios (y) el tema de abogados”, puntualizó Lupo.
Respecto a la estabilidad laboral de los funcionarios de la cartera de Justicia, el Ministro descartó una política de despido masivo o “masacre blanca”, aunque advirtió que se revisará la nómina para detectar ineficiencias. “Creemos que hay talento humano que viene trabajando en el Estado hace muchos años, pero también sabemos que hay otro tipo de casos en los cuales se ha creado supernumerarios sin una función clara en el Estado que le cuesta a todos los bolivianos que pagamos con los impuestos”, sentenció.
Lupo adelantó que en los próximos días se posesionará a los titulares de los nuevos viceministerios, quienes presentarán sus planes operativos en detalle para consolidar la transición.
Yamil García asume como Viceministro de Transparencia
El abogado Yamil García fue posesionado este lunes como titular del Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos. Esta cartera, que ahora se encuentra bajo la tuición del Ministerio de la Presidencia, nace como resultado de la eliminación y reestructuración del antiguo Ministerio de Justicia.
La nueva autoridad marcó como prioridad restituir la autonomía institucional. “Esta independencia no solamente debe quedar en texto, sino que se debe trabajar en asegurar la independencia financiera y presupuestaria del Órgano Judicial”, aseveró García, quien anteriormente ejerció como Secretario de Seguridad de la Gobernación de Tarija en la gestión de Adrián Oliva. En materia de fiscalización pública, el Viceministro se comprometió “a poner a la luz todo aquello que estuvo en la oscuridad durante todos estos años”. Asimismo, garantizó el establecimiento de reglas claras para la seguridad jurídica con el objetivo de que “se acabe aquella lógica del meterle nomás”.
El presidente Rodrigo Paz, por su parte, encomendó a García generar nexos con el actual sistema de justicia para transformarla. “Vamos a apoyar todos los cambios necesarios para que Bolivia entre en el siglo XXI. Estamos en este siglo XXI, pero todavía no hemos entrado (…), vivimos con la lógica del siglo XX con una justicia del pasado”, sentenció.
Fuente: Correo del Sur