La Paz, 10 de dic 2025 (ATB Digital).- La denuncia sobre la venta de combustible con sobreprecio en 2023, derivó en el descubrimiento de un negociado entre funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (YPFB) Corporación y de la paraguaya Botrading S.A. creada con capitales de la estatal petrolera, por el que se presume un daño económico inicial de $us 857 millones, de acuerdo a la Fiscalía.
EL DEBER tuvo acceso a la imputación firmada por el fiscal Omar Yujra, presentada el 5 de diciembre ante el Juzgado Anticorrupción N° 5 de La Paz, en el que figuran imputados el expresidente de YPFB Corporación, Armin Dorgathen y otras cinco personas, por delitos como uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta económica entre otros.
El documento cita el análisis de 38 contratos, entre los que figuran decenas de adendas, en su mayoría por la provisión de hidrocarburos líquidos para el mercado interno. En la fundamentación y la relación de hechos, la Fiscalía sostiene que Dorgathen y los otros funcionarios implicados adjudicaron los mismos en medio de varias irregularidades.
“De forma preliminar, considerando los documentos cursantes en obrados, se establece que el monto pagado a favor de Botrading S. A. fue de 857.717.017 dólares, conociéndose también del pago de 118.000 dólares, por la compra de acciones de Botrading S. A. por parte de YPFB Logística, montos que constituirían la posible cuantificación del daño económico causado al Estado, monto sujeto a modificaciones de acuerdo a los resultados de la auditoría forense que se practicaría como parte de la investigación”, señala en parte de la imputación.
No obstante, se debe aclarar que el fiscal del caso, en declaraciones a distintos medios de comunicación dio cifras distintas. EL DEBER consultó sobre estas variaciones, pero desde la Fiscalía de La Paz se anunció que recién el día miércoles darían una respuesta a esta y otras consultas.
Historia
De acuerdo a la explicación que el fiscal brinda ante el juez, la investigación inició a partir de la denuncia presentada por Ludwig Abrahan Sanchez Mier, supuesto representante de trabajadores petroleros, quien admitió en diferentes entrevistas que nunca fue funcionario de YPFB. Esta persona señaló que la estatal petrolera incurría en la venta de combustible (diésel, gasolina), con un presunto sobreprecio.
A continuación, el 13 de julio de 2023, el congresista Carlos Alarcón presentó una Petición de Informe Escrito (PIE), dirigida al entonces Ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina para que el Presidente de YPFB responda ocho consultas.
En la respuesta del 13 de diciembre de 2023, Molina remitió una serie de respuestas contradictorias que generaron una crisis al interior de YPFB. En resumen, los directivos de YPFB Corporación indicaron:
– YPFB Corporación NO tiene relación societaria con Botrading S. A.
– Botrading S. A. NO es subsidiaria de YPFB Corporación.
– YPFB Corporación tenía el 2023 una relación comercial para el suministro de hidrocarburos líquidos.
– YPFB Corporación NO efectua pagos a Botrading S. A. por la venta de combustibles.
La Fiscalía hace notar que en varias de las respuestas se repetía el formato, “con la finalidad de dejar en claro que Botrading S. A. era una empresa de particulares sin relación, más que comercial con YPFB. Respuestas que emitidas por Armin Dorgathen, presidente de YPFB”, señala el documento.
Contradicción
Más adelante, de acuerdo al análisis de la Fiscalía, “de forma contradictoria”, el 14 de marzo de 2025, YPFB emitió un comunicado público informando que Botrading S. A. es una empresa de propiedad del Estado boliviano, teniendo como accionistas a YPFB Logística y YPFB Refinación, con la actividad principal de suministro de petróleo crudo y combustible (diésel y gasolina) para el territorio boliviano”.
Fue por esas contradicciones que el diputado Alarcón gestionó la conformación de una comisión especial, con la finalidad de investigar específicamente las denuncias de sobreprecios en la compra del combustible.
Fue durante esas pesquisas que surgió el nombre de la súbdita paraguaya, Sandra Otazú, quien figura como presidenta de Botrading S. A. quien junto a otros dos abogados operaban desde ese país, moviendo millones de dólares, en unas oficinas de espacios reducidos y con apenas algunos equipos. En ese contexto, la Fiscalía investiga varias irregularidades en la adjudicación de contratos a Botrading S. A. por el que ya hay un exfuncionario detenido y otras 20 personas bajo investigación.
Fuente: El Deber