La Paz, 07 de ene 2026 (ATB Digital).- El TCP inauguró este martes el Año Constitucional 2026 en la Casa de la Libertad con la premisa de “abrir una nueva etapa” para devolverle a este alto tribunal su rol esencial de guardián de la Constitución Política del Estado (CPE) y limitar el uso arbitrario del poder, impidiendo cualquier tipo de intromisión. Nunca más se debe permitir la autoprórroga, que ha debilitado el Estado de derecho y quebrantado la confianza ciudadana, dijo el magistrado Edson Dávalos.
En su discurso de bienvenida, Dávalos indicó que la justicia constitucional debe estar al servicio del pueblo y no “para servirse del poder”.
En su criterio, la justicia constitucional fue severamente dañada por la autoprórroga de los magistrados, “una práctica que vulneró la voluntad popular, debilitó el Estado de derecho y quebrantó la confianza ciudadana”.
“Nunca más se debe permitir la autoprórroga de autoridades en Bolivia, nunca más una justicia alejada del mandato democrático”, enfatizó al reafirmar la convicción de las nuevas autoridades por el respeto al equilibrio entre los órganos del Estado, no permitir la intromisión en sus competencias y que la justicia constitucional no sea solamente independiente sino, sobre todo, humana.
A su turno, la presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paola Verónica Prudencio, acusó a los exmagistrados prorrogados de “subvertir” el mandato del artículo 183 de la CPE, que establece el periodo de mandato de seis años sin posibilidad de prórroga ni reelección inmediata en el mismo cargo.
“El desconocimiento de este límite de forma consciente afrentó directamente la soberanía popular que reside en el pueblo. La resistencia a abandonar el poder no solo bloqueó la renovación de autoridades, sino que terminó generando una cadena de acciones inconstitucionales”, agregó.
SANCIONES
La máxima autoridad del TCP anunció que este episodio en la historia boliviana será denunciado ante la justicia ordinaria para que se impongan sanciones contra los responsables, no solo los funcionarios, sino sobre todo los exmagistrados.
“El reproche a este oscuro episodio de la historia boliviana será expuesto y sustentado ante los tribunales de justicia ordinaria para la imposición de sanciones que la propia ley establece”, precisó.
Señaló que existe el respaldo y el consentimiento de la Sala Plena para el inicio de auditorías que permitirán establecer responsabilidades y dejar que la jurisdicción ordinaria asuma determinaciones que en derecho y en procedimiento correspondan.
“Esta prórroga no fue una continuidad técnica, fue un cerco a los derechos ciudadanos, pues no solo se afectaron las garantías individuales, sino que se invadieron competencias de otros órganos del Estado, como el cercenamiento a las atribuciones del propio Tribunal Supremo Electoral”, puntualizó.
Anunció que en esta nueva etapa del TCP se actuará bajo el principio de legalidad y dijo que “los tiempos oscuros de la injerencia, de supuestas redes de extorsión o justicia a la carta, se terminaron”.
La autonomía y la independencia deben ser la base de la justicia constitucional, enfatizó.
Presidenta revela mora de 17.000 causas pendientes dejada por exmagistrados
La presidenta del TCP, Paola Verónica Prudencio, dijo que un relevamiento de información desveló que en la Comisión de Admisión se encontraron más de 800 expedientes “dejados en el olvido” por los exmagistrados prorrogados y que las actuales autoridades, en un mes, emitieron cerca de 700 resoluciones que van a ser notificadas en estos días. Agregó que esta demora generó una carga procesal de 20.000 causas pendientes de resolución, 17.000 no sorteadas y cerca de 2.000 que, habiendo sido sorteadas a los prorrogados, no fueron resueltas entre 2024 y 2025.
“Esta es la prueba de que con voluntad, esfuerzo y gestión, la observancia de los plazos procesales puede optimizarse”, agregó Prudencio.
En cuanto a la situación financiera, reveló que sus antecesores, sin tener competencia, organizaron un “tour” nacional de visitas a las universidades del país para proponer un proyecto de modificación de la Constitución en el que se gastaron aproximadamente 4 millones de bolivianos. “Estos gastos suntuosos e impropios deben ser restituidos, tanto por los exmagistrados cesados como por el personal que indebidamente tuvo viajes y viáticos a costa del pueblo”, remarcó.
La ocasión también sirvió para manifestar que el TCP no tiene una infraestructura propia y, por esto, actualmente ocupa un inmueble –en la Avenida del Maestro– en calidad de comodato. Con nueve magistrados y el ingreso de aproximadamente 50 causas diarias, dijo que esa infraestructura resulta insuficiente, lo que obligó a alquilar ambientes externos, desperdiciando fondos que deberían ser destinados a la mejora de servicios.
Prudencio agregó que es inaceptable que los recursos asignados a la justicia no representen ni el 0,5% del Presupuesto General del Estado (PGE). “Esta cifra dista dramáticamente del 3% recomendado internacionalmente para garantizar la verdadera independencia judicial. Sin recursos, la independencia es un discurso vacío”, sentenció.
Sobre el tema
1. El TCP apunta al ‘expediente digital’ y la interoperatividad con las demás jurisdicciones para eliminar el uso de papel, así como para reducir tiempos y costos de traslado de expedientes. Además, se elabora un nuevo reglamento de notificaciones electrónicas para ahorrar recursos y espacio físico.
2. Su presidenta informó que el año pasado comenzaron con la fase de prueba piloto de implementación de sorteos digitales para eliminar la discrecionalidad y garantizar la transparencia en la tramitación de causas. Manifestó que la tecnología es una aliada en la lucha contra la corrupción y la lentitud.
3. Para este año, la autoridad informó de la realización de unas jornadas de descongestionamiento procesal y mesas de trabajo con los colegios de abogados, la academia y la sociedad civil, para construir estrategias de descongestionamiento de la mora procesal.
4. Anunció convocatorias públicas bajo estándares de transparencia total. Con este sistema se busca que las personas que trabajen en el TCP sean, ante todo, un ejemplo de capacidad técnico-jurídico y también de integridad, según explicó Prudencio.
5. También dijo que el TCP ha cortado cualquier circuito de extorsión y que “la justicia a la carta” ha terminado. “Contamos con el respaldo de la Sala Plena para aplicar auditorías rigurosas, como las que ya estamos realizando al registro biométrico, para asegurar que cada cargo público en esta institución sea ocupado por meritocracia”, sostuvo.
Fuente: Correo del Sur