La Paz, 9 jun 2018 (La Razón).- No se llegó a ningún acuerdo en el encuentro instalado este viernes en la Vicepresidencia, pero el Gobierno y el Legislativo hicieron conocer su apertura para analizar la viabilidad de la modificación de la Ley 195 de coparticipación tributaria y garantizar mayores recursos económicos para la Universidad Pública de El Alto (UPEA).
La representación universitaria llevará la oferta a un ampliado, instancia que definirá si sobre esa base se inicia el diálogo.
El rector de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Ricardo Nogales, informó que en los hechos el diálogo no empezó aún como se tenía previsto, sino que recibieron una propuesta del Gobierno y del Legislativo que deberá ser puesta a consideración de una asamblea para empezar a trabajar sobre esa base en la solución de la demanda de mayor presupuesto.
“Nos han hecho dos propuestas, una es ver la posibilidad de la viabilidad o no (de modificar) la ley 195 y otras formas de financiamiento. Nosotros no tenemos la posibilidad de tomar decisiones”, explicó a la salida de la Vicepresidencia y minutos después de que abandonara el lugar la comisión oficial sin hacer ninguna declaración.
Los presidentes del Senado, Alberto Gonzales, y de Diputados, Gabriela Montaño, junto a los ministros de la Presidencia, Alfredo Rada; de Economía, Mario Guillén; y de Educación, Roberto Aguilar, además del viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, participaron de la cita acordada ayer como resultado de un intercambio de cartas.
La comisión oficial se trasladó hasta la Asamblea, a pocas cuadras de la Vicepresidencia, y ahí ofreció una conferencia de prensa. Montaño explicó la propuesta planteada y expresó su confianza en que se inicie a la brevedad posible las negociaciones, no solo sobre el presupuesto sino de otros temas como la calidad de la educación.
Como lo había anticipado Nogales, Montaño habló de la propuesta de analizar la viabilidad de modificar la Ley 195 que establece la asignación de los recursos de coparticipación tributaria, que la UPEA exige sea modificada de tal forma de cambiar la asignación porcentual para incrementar sus ingresos y hallar una solución de fondo al conflicto.
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