La Paz, 25 de may 2025 (ATB Digital) .- La Defensoría del Pueblo recordó este sábado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, ante actos de racismo y discriminación, debe aplicar rigurosamente las sanciones establecidas en la norma.
“Se recuerda al Tribunal Supremo Electoral, la obligación que tiene de aplicar las sanciones correspondientes ante cualquier hecho discriminatorio señalado en el Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral para las Elecciones Generales 2025”, señala la Defensoría, a través de un pronunciamiento institucional.
La institución también hizo un llamado a organizaciones políticas, además de candidatos y medios de comunicación a “abstenerse de difundir, incentivar o propagar cualquier forma de discurso o mensaje que tenga por finalidad menoscabar la dignidad y los derechos humanos de cualquier población en situación de vulnerabilidad, así como propagar información falsa que refuerce estereotipos o sesgos”.
La Defensoría del Pueblo instó además al Comité de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación a promover, desarrollar e implementar políticas públicas de prevención y lucha contra la discriminación en todas sus formas.
El recordatorio surgió a tiempo de conmemorarse el Día Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, instituido cada 24 de Mayo. Convocó también a instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad a “luchar y erradicar de forma coordinada y articulada el racismo y la discriminación”.
Según el documento defensorial, de enero a mayo se registraron 264 denuncias referidas a vulneraciones de derechos humanos por situaciones de racismo o discriminación a nivel nacional, 73 fueron registradas en el departamento de Oruro, 68 en La Paz y 42 en Beni.
La institución pidió a todos los niveles del Estado, “aunar esfuerzos para evitar que la intolerancia se perpetúe y normalice, con acciones coordinadas con organizaciones de la sociedad civil y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad”.
Fuente: La Razón