Cochabamba, 27 de sep 2025 (ATB Digital).- El fiscal departamental de Cochabamba, Oswaldo Tejerina, explicó que, de acuerdo con los informes de la Policía Boliviana, la aprehensión del ‘exzar antidrogas’ del gobierno de Evo Morales, Felipe Cáceres, se dio en flagrancia, en el marco del artículo 227 del Código de Procedimiento Penal.
“Son los informes de la Policía que establecen la flagrancia, toda vez que circundantes al hecho la única persona que estaba más cerca a este laboratorio era el ahora procesado”, detalló a Erbol.
En el operativo se identificó un laboratorio de cristalización de cocaína instalado dentro de un predio de 12 hectáreas que le había sido concedido por un sindicato para el funcionamiento de una chancadora de áridos.
La Fiscalía sostuvo que, por la cercanía al laboratorio y los elementos encontrados, existían pruebas suficientes para solicitar un procedimiento inmediato, que permitiría obtener sentencia en un plazo de 30 días. Sin embargo, la autoridad judicial rechazó esa vía y remitió el caso a un proceso ordinario, decisión que fue apelada por el Ministerio Público.
En audiencia de medidas cautelares, el juez reconoció la probabilidad de autoría pero descartó riesgos procesales, disponiendo para Cáceres detención domiciliaria, arraigo y presentación periódica ante el Ministerio Público.
Tejerina cuestionó la determinación al considerar que se trata de un hecho de alta relevancia que ameritaba detención preventiva para evitar riesgos de manipulación de pruebas o contactos indebidos.
“Respetamos la decisión judicial, pero no la compartimos. Por eso hemos presentado un recurso de apelación inmediato”, señaló.
Respecto al cumplimiento de la detención, se aclaró que el procesado acreditó un domicilio en el municipio de Entre Ríos, y no en el lugar donde se halló el laboratorio.
MAGISTRATURA
El consejero del Consejo la Magistratura Carlos Spencer anunció que se hará un levantamiento técnico del proceso judicial contra Felipe Cáceres, exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, para determinar si existen responsabilidades en la actuación del juez que otorgó medidas sustitutivas en lugar de la detención preventiva.
“Vamos a hacer un levantamiento técnico de las documentaciones para valorar correctamente el proceso y emitir un criterio con responsabilidad, ya sea en falta disciplinaria o procesos penales para la autoridad jurisdiccional que haya permitido la libertad sin valorar adecuadamente los documentos relacionados con las víctimas”, afirmó Spencer.
Fuente: AEP