Mundo, 16 de oct 2025 (ATB Digital).- Uruguay se convirtió este miércoles 15 de octubre de 2025 en uno de los pocos países del mundo en legalizar la eutanasia mediante una ley, tras la aprobación en el Senado de la norma titulada “Muerte Digna” con 20 votos a favor de un total de 31 parlamentarios presentes.
Aunque en Sudamérica Colombia y Ecuador habían despenalizado la eutanasia a través de fallos judiciales, esta es la primera vez que la región aprueba la muerte asistida por vía legislativa. El debate en el Senado duró más de diez horas, con momentos de reflexión y emoción. Un breve grito de “asesinos” desde las gradas interrumpió por un instante los aplausos y abrazos de los legisladores que apoyaban la norma.
Activismo y rostros de la ley
Entre los asistentes se encontraba Beatriz Gelós, una mujer de 71 años enferma de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), quien se convirtió en un símbolo del activismo por la eutanasia. “Me daría una paz impresionante que se apruebe. Es una ley de compasión, muy humana, muy bien redactada”, comentó días antes de la votación. Gelós, que convive desde los 52 años con la enfermedad, destacó la importancia de la ley para quienes sufren una pérdida progresiva de la movilidad y calidad de vida.
Requisitos y garantías
La ley establece que los pacientes deben ser mayores de edad, ciudadanos o residentes, y estar psíquicamente aptos con una patología terminal incurable o que cause sufrimientos insoportables. Además, deberán pasar por instancias previas antes de dejar constancia escrita de su voluntad.
El oficialista Daniel Borbonet defendió el texto como “sólido” y con seguridad jurídica, mientras que el centroderechista Pedro Bordaberry lo calificó de “ley de fomento” de la eutanasia.
Contexto y reacción
Uruguay refuerza así su tradición de legislación liberal, junto a normativas como el matrimonio igualitario, el aborto legal y la regulación del mercado de cannabis.
El Colegio Médico no adoptó una postura institucional, pero acompañó el proceso para asegurar garantías a pacientes y profesionales, según explicó su presidente, Álvaro Niggemeyer. Por su parte, la Iglesia Católica expresó su tristeza por la aprobación y varias organizaciones civiles cuestionaron la redacción de la norma por considerarla “deficiente y peligrosa”. La reglamentación posterior por parte del Ejecutivo será clave para asegurar mayor claridad y certeza en la aplicación de la ley.
Fuente: DW