La Paz, 17 de dic 2025 (ATB Digital).- Bajo el paraguas del Artículo 316, numeral 4, de la Constitución Política del Estado, que permite al Estado “participar directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y social, e impulsar el desarrollo”, durante casi dos décadas de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) se dio luz verde para la creación y asignación de millonarios recursos a empresas públicas que despilfarraron las arcas del Estado.
El informe “Saqueo Institucional, el costo de la corrupción en las empresas públicas”, basado en datos oficiales de la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP) y la Unidad de Proyectos Estratégicos, cuantifica por primera vez el impacto acumulado: $us 2.595 millones perdidos, entre empresas quebradas, proyectos inconclusos y plantas industriales que nunca funcionaron.
La magnitud del daño no es solo contable. Estos recursos salieron, en gran parte, de las Reservas Internacionales, que entre 2006 y 2024 transfirieron Bs 53.945 millones ($us 7.750 millones) a empresas estatales. A cambio, el retorno fue mínimo: en 19 años, apenas 18% del capital fue recuperado, mientras la deuda acumulada del sector llegó a Bs 46.859 millones ($us 6.733 millones) a diciembre de 2024.
El informe presentado por el Ministerio de la Presidencia identifica 14 empresas públicas inviables que absorbieron $us 2.205 millones, equivalentes al 28% de todos los créditos desembolsados para las empresas estatales. De ellas, cuatro ya cerraron y cinco operan en quiebra técnica, sostenidas únicamente por inyecciones de recursos públicos.
“Gran parte de estas empresas nacieron inviables. No fueron un fracaso técnico, sino que nacieron inviables y fueron un instrumento de saqueo. Otras, simplemente no fueron sustentables y, obviamente, hoy están en una situación crítica o en un quiebre técnico”, manifestó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
Las 14 empresas inviables que se presentaron son: la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), Empresa Pública de Cemento Bolivia (Ecebol), EEPAF (Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes), Emapa, Envibol (Empresa de Envases de Vidrio Bolivia), Quipus, Senatex, Yacana, Mutún, BoA, Editorial del Estado, EASBA (Empresa Azucarera San Buenaventura), EBIH (Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos) y YLB.
La autoridad agregó que se realizará una investigación y una auditoria no solo de la parte financiera, sino de la parte técnica para identificar a los responsables.
El informe indica que a pesar de que el número de empresas públicas se quintuplicó entre 2006 y 2021, de 9 a 67, estas no lograron diversificar ni fortalecer la generación de ingresos. Hoy, solo tres empresas —YPFB, ENDE y COMIBOL— concentran el 95% de los ingresos, y son las únicas que presentan utilidades sostenidas. El resto acumula pérdidas y pasivos que terminan trasladándose al Tesoro General del Estado.
Capital perdido y empresas “zombies”
El ministro de la Presidencia fue enfático al señalar que se invirtieron $us 122 millones en empresas públicas que hoy ya no existen. Estas empresas son: Empresas de Correos de Bolivia (Ecobol), Empresa de Construcciones del Ejército, Empresa Nacional de Textiles (Enatex) y Boliviana de Turismo (Boltur).
El reporte califica como empresas “zombies” a entidades como YLB, QUIPUS, Yacana, EBIH y ASBA, que en conjunto registran un daño al Estado por $us 1.294 millones y requieren Bs 697 millones para cumplir sus obligaciones financieras con el Banco Central y proveedores, incluso si se liquidaran todos sus activos.
Ademas, a corto plazo, el riesgo es mayor: las empresas fallidas enfrentan vencimientos impagables por $us 222 millones en los próximos 90 días, sin flujos propios que permitan cubrirlos.
Industrialización fallida: inversiones que no despegan
Uno de los capítulos más críticos del informe es el de los proyectos de industrialización. Iniciativas como la Industria Boliviana Química (IBQ), la farmacéutica estatal (LIFAB) o la industria de aceites ecológicos (IBAE) acumulan una inversión programada de $us 1.100 millones, pero apenas ejecutaron 8,3% del total.
El documento califica este proceso como “una estafa anunciada”: recursos comprometidos, plantas inconclusas y retornos inexistentes, que se suman al deterioro fiscal.
¿Qué perdió el país?
El daño directo al Estado se distribuye en: $us 122 millones en empresas cerradas, $us 1.250 millones en empresas en quiebra técnica y $us 91,5 millones en proyectos aún en curso, sumando un total, $us 1.463,5 millones de impacto directo.
Esta cifra llega ascender a $us 2.595 millones al incluir plantas industriales fallidas. Es decir, de 174 plantas planificadas, 60 fueron inviables ocasionando un daño económico al Estado de $us 1.132 millones.
El informe traduce ese monto en oportunidades perdidas: con esos recursos, Bolivia pudo haber construido 30 hospitales de cuarto nivel, hasta 900 unidades educativas, 5.000 kilómetros de carreteras productivas o 30 pozos exploratorios de gas natural.
El desafío, cerrar el grifo
El documento concluye con una advertencia clara: sin una reingeniería fiscal, auditorías de responsabilidades y una reestructuración profunda de las empresas públicas, el Estado seguirá financiando ineficiencia con ahorro nacional.
“Para esto es necesario una reingeniería fiscal para el desangrado de estos recursos, reestructurar las empresas públicas, garantizar la viabilidad fiscal y obviamente hay que hacer una auditoría absolutamente responsable y seria para poder iniciar una investigación rigurosa y determinar quiénes autorizaron estas inversiones sin ninguna factibilidad”, detalló Lupo.
Fuente: Economy