* Jaime Iturri Salmón
Dos narrativas se oponen nítidamente en la Bolivia de hoy. Por un lado, están quienes sostienen que tras el anuncio de renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda se habría producido un “vacío de poder” que debía ser llenado por la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez. Esta línea argumentativa fue creada por el abogado de Jorge Tuto Quiroga, Luis Vásquez Villamor, y apoyada por la alta cúpula de la Iglesia Católica y el conjunto de organizaciones políticas antievistas.
Al frente están quienes piensan que ese “vacío de poder” nunca existió y que la ultraderecha, que apenas había conseguido un 4,2% de la votación, aprovechó el motín de la Policía y la insubordinación de las Fuerzas Armadas para hacerse del poder.
Carlos Mesa puso de su parte al vetar que cualquier masista fuera presidente y se encaminó el famoso Plan B. También estaban sobre la mesa los planes A y C. El primero era nombrar un gobierno cívico-militar donde los primeros fueran “notables” que llamaran a nuevas elecciones y que era la posición de los camachistas. El segundo era hacer presidenta a Jeanine Añez con los votos de sectores masistas que encabezados por Omar Aguilar y Efraín Chambi apoyaran al nuevo gobierno.
Triunfó el Plan B porque era “el más cercano a la Constitución” según señalaron sus seguidores, pero también porque la no existencia de quorum no permitiría la implementación del Plan C y porque el Plan A no sería aceptado por golpista en el concierto internacional. A regañadientes, Camacho aceptó cogobernar con Añez colocando a su gente en puestos claves: ministerio de la Presidencia, de Defensa y de Comunicación. Pronto, Jerjes Justiniano y Roxana Lizárraga renunciarían dejando solamente a un muy ambicioso Fernando López.
Pero a fin de entender lo que pasó quizá haya que detenerse en el concepto: renuncia. El ordenamiento boliviano señala que no basta con decir “me voy, hasta luego” para que se haga efectiva la desafectación de cualquier funcionario público que ocupara el cargo de autoridad. No, primero la renuncia debe ser entregada por escrito a los superiores y estos deben aceptarla. En el caso del Presidente del Estado, del Vicepresidente, de los Presidentes y Vicepresidentes de ambas cámaras la renuncia deberá ser tratada en sala plena y aceptada o rechazada. Caso contrario no se hace efectiva.
Esto se vio claramente en octubre de 2003, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada le dijo adiós al gobierno. Pero no fue que dejó de ser mandatario en cuanto anunció ante la prensa que ya no iba más. No, el avión de American Airlines, que lo trasladaría a EEUU, esperó horas en el aeropuerto de Viru Viru hasta que el Congreso Nacional terminara la votación para aceptar la renuncia.
Lo propio pasó con Carlos Mesa. Renunció tres veces pero sólo se hizo efectiva la última, una vez que el pleno del Congreso aceptó su dimisión y posesionó a Eduardo Rodríguez Veltzé. Si hubiera valido la primera, con pañuelitos blancos incluidos, inmediatamente hubiera sido remplazado. Lo que claramente no ocurrió.
Pero leamos lo que dice la Constitución Política del Estado en su Artículo 161: “Las Cámaras se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones,…:
“ 3. Admitir o negar la renuncia de la Presidenta o del Presidente del Estado, y de la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado.”
Y el Reglamento de la Cámara de Diputados señala:
“En cumplimiento al Artículo 150, Parágrafo III de la Constitución Política del Estado, la pérdida de mandato establecida en el inciso f), del presente artículo, se hará efectiva al ser de conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados y se notificará con la Resolución Camaral correspondiente, al Órgano Electoral, para fines constitucionales”.
El parágrafo f) se refiere específicamente a la renuncia del legislador.
En resumen, sin la aceptación de la Asamblea Legislativa Plurinacional no se podía nombrar nuevas autoridades. Es decir, necesita hacerse efectiva. Correspondía, constitucionalmente, tratar las cartas de renuncia de Evo y Álvaro y recomponer, de ser necesario, la directiva de las Cámaras y que de ahí saliera quien ocupe la nueva magistratura.
Eso hubiera librado a Bolivia de un año de persecuciones políticas y de latrocinio.
Se optó por el veto al MAS, por no dejar entrar a los legisladores de la mayoría al hemiciclo parlamentario, la oposición quería castigar lo que creía había sido un monumental fraude. Este nunca se demostró y hasta la justicia falló a favor de los acusados. Existen también contundentes pruebas de que el informe preliminar de la OEA fue irresponsablemente presentado y de que contiene graves errores, incluso metodológicos. Aún que todo señala que más que yerros se actuó con dolo para justificar un inexistente fraude.
Lo cierto es que se violó la Constitución al proclamar a Jeanine Añez presidenta. Lo que no implica que se deba desconocer el resultado de las elecciones del 18 de octubre de 2020. ¿Acaso porque Hugo Banzer dictó sus famosos códigos cuando era dictador éstos no dejaron de aplicarse en democracia?
Sin embargo, el gobierno elegido por voto popular ha ido y seguirá enmendando las medidas contrarias a la democracia de Añez y compañía.
Siempre es difícil saber qué hubiera pasado si es que…, pero si los opositores hubieran permitido que el Congreso acepte las dimisiones y luego elija al sucesor con seguridad que el país se hubiera ahorrado mucho sufrimiento y luto. Posiblemente, hasta Carlos Mesa hubiera obtenido un mejor resultado y un paso a la historia más generoso.
* Jaime Iturri Salmón es periodista y escritor
(Ilustración: Al-Azar)