Exsecretario de la CIDH recuerda que la Resistencia Juvenil Cochala es un grupo paramilitar

Exsecretario de la CIDH recuerda que la Resistencia Juvenil Cochala es un grupo paramilitar

La Paz, 29 de mayo de 2022 (ATB Digital).-  El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrão, a través de su cuenta de Twitter, recordó que la Resistencia Juvenil Cochala “es un grupo armado, criminal y paramilitar”; además resaltó la solicitud de 20 años de cárcel que hizo el Gobierno de Luis Arce para cuatro de los integrantes del mencionado grupo.

“La Resistencia Juvenil Cochala (TJC) es grupo armado paramilitar, grupo criminal corresponsable por las masacres y violencia generalizada del golpe de 2019. Excelente ejemplo del gobierno #Bolivia que da cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH y del GIEI para desmantelarlo”, publicó Abrão en la mencionada red social.

Esta afirmación la hizo luego de que el 27 de mayo, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que señala que los cuatro acusados: los hermanos Mario y Antonio Bascopé, Yassir Molina y Milena Sotto, “organizados entre noviembre de 2019 y 2020 operaron como grupo armado para atentar contra la seguridad interna del Estado y cometer delitos que van desde secuestro, tortura, vejámenes, privación de libertad, discriminación, atentados contra la salud, destrucción o deterioro de bienes del Estado y de la riqueza nacional en la ciudad de Sucre”. No solo eso, sino también, denunció que incurrieron en “tenencia, fabricación y ensamblado de armas de fabricación artesanal o caseras, más conocidas como bazukas”.

En otra parte, se lee que “el informe internacional del grupo de expertos interdisciplinarios GIEI ya ha establecido que no se trata de un grupo de jóvenes que defendieron la democracia, sino de un grupo armado que generó violencia en varias ciudades del país”.

Por todos esos antecedentes es que el Gobierno nacional pedirá la pena máxima de 20 años de privación de libertad para los cuatro sindicados, en un juicio oral que está pronto a realizarse. Tres de los procesados están en la cárcel y Sotto con detención domiciliaria en Cochabamba.

 “Es el GIEI quien nos ha recordado que el derecho a la protesta no es absoluto, y que el derecho de reunión y manifestación debe ser pacífico y sin el uso de armas”, señala otra parte del comunicado.

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