Brasil, 9 ene 2019 (ATB Digital).- El organismo oficial que se encarga de la reforma agraria en Brasil revocó el martes los memorandos por los que había suspendido, pocos días después de la llegada del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro al poder, el proceso de atribución de tierras vigente desde 1970.
El presidente sustituto del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), Francisco Nascimento, explicó en un nuevo documento, obtenido por la AFP, que los informes anteriores habían sido “elaborados y encaminados por iniciativa propia de dos directorías, sin el aval de la Presidencia del Incra”.
Nascimento agregó que dictaba la revocación de los mismos, “considerando la interpretación equivocada” que afectaría a los procesos de atribución de tierras.
Los memorandos abrogados se firmaron el 3 de enero, dos días después de la asunción de Bolsonaro, y fueron difundidos por la prensa el martes. Ordenaban suspender los procesos relacionados con la reforma agraria hasta que se clarificase la situación del Incra, que pasó de la égida de la Casa Civil (jefatura de gobierno) a la del ministerio de Agricultura.
Uno de esos documentos determinaba “la interrupción (…) de todos los procesos de adquisición, expropiación, adjudicación u otra forma de obtención [de tierras] hasta la ulterior deliberación de esta dirección”.
El ministerio de Agricultura, dirigido por representantes de la agroindustria, pasó a encargarse también de la demarcación de las tierras indígenas, anteriormente a cargo de una entidad, La Funai, dependiente del ministerio de Justicia.
El Incra es un organismo creado en 1970, en plena dictadura militar (1964-1985). En su casi medio siglo de existencia, consiguió la instalación de 1,35 millones de familias en 9.449 asentamientos que ocupan 89,4 millones de hectáreas, según datos de la entidad.
Bolsonaro fue electo en octubre con un fuerte apoyo de los grandes propietarios rurales. Su ministra de Agricultura, Tereza Cristina, era la jefa de la bancada ruralista en la Cámara de Diputados y su cartera ganó nuevas atribuciones, como la demarcación de tierras indígenas.
En su programa electoral, Bolsonaro propuso calificar como actos “terroristas” las invasiones de propiedades, un arma de lucha tradicional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
Un reciente informe de Oxfam señaló que el 1% de los terratenientes poseía en 2016 el 45% de las tierras agrícolas de Brasil.
La violencia por la tierra dejó 71 asesinatos en 2017, el mayor balance en 14 años.
(AFP)
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