Cochabamba, 22 ago 2020 (ATB Digital).- Ya el año 2018 el teniente Adan Boris Mina Alanes fue denunciado por secuestro y tentativa de feminicidio. Según la denuncia, el uniformado secuestró a su expareja y la retuvo en una vivienda, posteriormente la llevó a una zona boscosa donde pretendía matarla a golpes.
La víctima logró llamar a sus familiares y éstos pidieron auxilio a la Policía que, según informes de ese año, logró encontrar al uniformado en flagrancia intentando victimar a golpes a su expareja.
Ese momento, según datos de la investigación, los patrulleros únicamente le pidieron a Mina que se retire y no procedieron con su arresto.
El Ministerio Público deberá responder por qué no siguió con la persecución de este caso. En la eventualidad de que la víctima haya desistido, la Fiscalía tendría que haber actuado de oficio como dispone la Ley 348.
La Policía deberá responder por qué no inició un proceso al efectivo policial.
¿Qué rol jugó la DIDIPI? Según versiones de la familia de la víctima hubo encubrimiento y el uniformado fue destinado a Sucre, enterrando así el caso definitivamente.