Argentina, 2 sept 2020 (ATB Digital).- Por primera vez en diez años, un antiguo ministro español debe declarar el jueves ante la jueza argentina que instruye la querella por los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y la transición democrática.
Se trata de Rodolfo Martín Villa, investigado por doce muertes ocurridas entre 1976 y 1978, cuando España se abría paso hacia la democracia entre atentados de grupos de extrema izquierda y extrema derecha y episodios de dura represión policial.
Gobernador civil de Barcelona en los últimos años del franquismo, Martín Villa no fue ministro hasta justo después de la muerte del dictador, erigiéndose en una figura importante de los gobiernos de Adolfo Suárez (1976-1981), uno de los principales artífices de la transición.
El expolítico, de 85 años, está citado a las 16H00 (14H00 GMT) en el consulado argentino de Madrid para declarar por videoconferencia ante la jueza María Servini, encargada de la querella interpuesta en 2010 en ese país por asociaciones de víctimas del franquismo.
La magistrada lo investiga por la muerte de cinco obreros por la represión policial de una manifestación en Vitoria (norte) en marzo de 1976, cuando él era ministro de Relaciones Sindicales (1975-1976), y otras siete cuando pasó a dirigir la cartera de Interior.
El exministro, que siempre defendió su inocencia, remitió a Servini una veintena de cartas de apoyo de líderes políticos y sindicales, entre ellos los últimos cuatro jefes de gobierno españoles.
Estos “aseguran que siempre actuó con un total compromiso para defender el Estado de Derecho y reformar las Fuerzas de Seguridad del Estado”, indicó su defensa en un comunicado.
Tras la declaración, Servini puede decidir su procesamiento formal y reclamar su extradición, que había pedido sin éxito en 2014 junto a otra veintena de personas por supuestos crímenes de lesa humanidad.
“Acto procesal importantísimo”
“Para nosotros, esto es un acto procesal importantísimo”, explica a la AFP Jacinto Lara, abogado de CEAQUA, la plataforma de asociaciones que presentó la querella en Argentina para, en virtud del principio de justicia universal, investigar los presuntos crímenes del franquismo.
“Es la primera vez que un responsable político de la parte final de la dictadura y el posterior período de transición debe ofrecer explicaciones ante un juez por hechos sumamente gravísimos”, añade.
En España, todas sus tentativas se toparon con la Ley de Amnistía aprobada en 1977, que impide juzgar los crímenes ocurridos durante la dictadura y que ha sido denunciada por el Alto Comisionado de la ONU por los Derechos Humanos o Amnistía Internacional.
“Por más que nos hemos empeñado nosotros y otras víctimas, ha sido imposible abrir causas en el Estado español por esos hechos”, lamenta Andoni Txasco, portavoz de la asociación 3 de marzo de 1976, fecha de la conocida como matanza de Vitoria.
Ese día la policía disolvió abruptamente una asamblea de huelguistas que reunió a unas 4.000 personas en una iglesia de esta ciudad vasca, con gases lacrimógenos y disparos que mataron a cinco personas e hirieron a cientos.
Para CEAQUA, Martín Villa “dirigió un aparato represivo en ningún momento depurado, que desplegó una actividad que supuso, sin lugar a dudas, una ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.
La defensa del investigado, cuya declaración se ha visto aplazada en varias ocasiones desde 2014, sostiene que su intervención en los sucesos del 3 de marzo “comenzó después, no antes, de conocerse las muertes y consistió en tomar medidas urgentes para evitar más violencia en Vitoria”.
Para los demandantes, el tiempo corre en contra: varios de los demandados inicialmente han ido falleciendo como el policía acusado de torturas Juan Antonio González Pacheco, conocido como “Billy el niño”, o el exministro franquista José Utrera Molina
“No solo van muriendo los victimarios, también muchas de las víctimas. Esto tiene que arreglarse cuanto antes, es un deber moral y ético”, asegura Txasco.
Pero, aunque los protagonistas fallezcan, “la investigación se debe llevar a cabo y se debe establecer una verdad judicial sobre esos crímenes”, defiende Jacinto Lara.
(AFP)