La Paz, 4 ene 2021 (ATB Digital).- Varios países en América Latina y Europa se embarcaron en compras bilaterales y anticipadas con laboratorios para la compra de vacunas contra el COVID-19 para inmunizar a su población. En medio de esta carrera, Bolivia, entonces gobernada por la expresidenta Jeanine Añez y la excanciller Karen Longaric, quedó relegada porque no se realizaron gestiones efectivas y tangibles para adquirir el antídoto.
Chile, por ejemplo, suscribió en septiembre de 2020 acuerdos con Pfizer/BioNTech para la compra de 10 millones de dosis. Paralelamente también anunció alianzas con el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (Covax), una iniciativa global liderada por la OMS para la reserva de vacunas con otros laboratorios que avanzaron en sus investigaciones
México firmó los primeros días de octubre un acuerdo para la compra de 198 millones de dosis cuando salgan al mercado. Andrés Manuel López Obrador acordó con las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y CanSino y el pago adelantado al mecanismo COVAX, que implicaba una inversión de 1.659 millones de dólares para proteger hasta 116 millones de habitantes.
El 30 de julio el gobierno de Colombia firmó un acuerdo de confidencialidad con las compañías Pfizer y AstraZeneca para garantizar compra de vacunas contra la enfermedad, aunque ya estaban trabajando con el mecanismo COVAX para garantizar la inmunización de su población.
La Comisión Europea, a nombre de los Estados miembros de la Unión Europea (UE), y la empresa AstraZeneca firmaron el 27 de agosto del pasado año un acuerdo para adquirir 300 millones de dosis de la vacuna, con opción a otras 100 millones de dosis.
La Comisión también entabló negociaciones sobre acuerdos similares con otros fabricantes de vacunas y concluyó con éxito conversaciones exploratorias con Sanofi-GSK el 31 de julio, Johnson & Johnson el 13 de agosto, CureVac el 18 de agosto y Moderna el 24 de agosto.
La semana pasada, el canciller Rogelio Mayta denunció que el gobierno de facto presidida por Jeanine Áñez actuó con una “negligencia criminal” en el manejo de la pandemia y refutó las declaraciones de la entonces canciller Karen Longaric porque no “hizo ninguna gestión efectiva” para la compra de vacunas que desarrollaban las grandes farmacéuticas, mientras otros países ya estaban en trámites para la compra a futuro.