La Paz, 15 ene 2021 (ATB Digital).- La amenaza de los médicos sindicalizados de La Paz de realizar un paro la siguiente semana fue calificada como “política” y como un acto de “denegación de auxilio” por el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, mientras la Central Obrera Boliviana (COB) exhortó a los galenos a no “politizar la salud”.
Las reacciones surgieron luego de que el dirigente del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero, amenazó con impulsar un paro de 24 horas, la siguiente semana, en exigencia de que se dicte una cuarentena estricta de la población y se aminore el impacto del coronavirus en el personal de salud.
Al respecto, el viceministro Silva lamentó las advertencias del dirigente y dijo que ese tipo de actitudes muestran que “prima el cálculo político” y la “decisión política” ya que los galenos parecen olvidar su juramento hipocrático y amenazan con poner en riesgo la salud de la población.
El juramento hipocrático fue creado por el médico griego Hipócrates. Es un compromiso que solo pueden hacer las personas que se gradúan en las carreras de Medicina. En 1948 se redactó un juramento hipocrático en la convención de Ginebra. Ese documento indica: “Me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad (…) La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones”.
En ese contexto, Silva indicó que las advertencias de Romero se suman a las declaraciones del presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, quien a la vez es candidato a la Alcaldía de La Paz por la agrupación “Unidos por mi La Paz”, en sentido de también pedir una cuarentena rígida y, además, exigir la suspensión de las elecciones subnacionales.
Según el Viceministro, si se consolida el paro médico anunciado, se puede incurrir en el delito de “denegación de auxilio” sancionado en el Código Penal ya que se estaría denegando el auxilio a los enfermos.
El artículo 155 de ese cuerpo legal indica que “el funcionario encargado de la fuerza pública que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por autoridad competente, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años”.
Por otro lado, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, cuestionó la actitud de algunos sectores médicos que están “politizando la salud” con su pedido de postergar las elecciones subnacionales y solo tienen el propósito de afectar los planes de reactivación de la economía.
El dirigente de la Central de Trabajadores pidió a los trabajadores de salud, en vez de asumir posturas políticas, sumarse de manera militante a la estrategia para combatir el COVID-19.