La Paz, 16 mar 2021 (ATB Digital).- A través de un amplio comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado boliviano a observar los estándares interamericanos de acceso a la justicia y debido proceso judicial y reiteró la necesidad de investigar y reparar los daños a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante los conflictos post electorales ocurridos el 2019.
El comunicado de la CIDH llega después de la aprehensión y posterior detención preventiva de la expresidenta Jeanine Añez y los exministros Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energías), acusados por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración por el presunto golpe de Estado del 2019.
Al respecto, la CIDH exhorta al Estado boliviano a que los procesos judiciales, incluyendo aquellos iniciados por la posible comisión de delitos contra el orden constitucional interno, se realicen “con irrestricto apego a los estándares interamericanos relativos a las garantías judiciales, protección judicial y acceso a la justicia, en el marco de un sistema de justicia independiente, imparcial y libre de interferencias de los otros órganos del Estado”.
“Por ello, urge al Estado Plurinacional de Bolivia a continuar velando por que las personas procesadas en este contexto cuenten con garantías legales mínimas para ejercer sus medios de defensa, tales como el derecho a la presunción de inocencia; a contar con una defensa; a presentar recursos efectivos; a conocer la imputación o acusación; a conocer las pruebas y tener la posibilidad de contradecir estas últimas, entre otros”, añade el comunicado.
En ese sentido, la CIDH advierte que las leyes bolivianas de antiterrorismo violan el principio de legalidad porque incluyen una definición exhaustiva del terrorismo que resulta “excesivamente amplia e imprecisa” y recuerda que en la actualidad hay una acción presentada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) demandando la inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal que tipifican los delitos de sedición y terrorismo, por su posible contravención a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución boliviana.
“Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH expresa su preocupación ante las reiteradas denuncias sobre la falta de independencia en la administración de justicia en el país, así como la prevalencia de desafíos estructurales en el sistema judicial”, añade el comunicado de la Comisión.
Por otro lado, la CIDH hace énfasis en la necesidad de reparar los daños a las personas que fueron atentadas en sus derechos humanos durante los conflictos ocurridos el 2019 y recuerda que con el fin de esclarecer los hechos envió un Grupo de Expertos para llevar adelante tales investigaciones.
“La CIDH urge a Bolivia a actuar en estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de acceso a la justicia y debido proceso, a fin de garantizar la reparación integral de las víctimas y sus familiares en relación con las graves violaciones a los derechos humanos”, señala la Comisión.
Finalmente, la CIDH realizó un llamado a un diálogo nacional, conducido desde el más alto nivel del Estado, con el objetivo de “desactivar las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad boliviana” y promover el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas.