La Paz, 6 abr 2021 (ABI).- El ministro de Justicia, Iván Lima, calificó la decisión del juez estadounidense James I. Cohn como “un acto de justicia e importante precedente contra la impunidad”, en relación a la ratificación de la sentencia de $us 10 millones impuesta contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, como resarcimiento a las víctimas de la masacre de octubre de 2003.
“El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, saluda como un acto de justicia e importante precedente contra la impunidad el fallo del juez del Distrito Federal de Miami, James I. Cohn que ratifica la sentencia de $us 10 millones en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, como reparación por la masacre de hermanos alteños en octubre de 2003”, señala un comunicado difundido este martes a través de las redes sociales de esa cartera de Estado.
El juez del estado de Florida en Estados Unidos, James Cohn, denegó la moción planteada por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín, respecto al proceso en que se los responsabiliza por las muertes de la masacre de octubre de 2003, y ratificó la sentencia que establece el pago de $us 10 millones a favor de los demandantes.
El Ministerio de Justicia, a través del comunicado, sostiene que “la decisión del Juez Cohn se basa en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA en inglés) de 1992 y abre una línea de jurisprudencia para iniciar procesos civiles en ese país en contra de responsables de delitos de tortura y ejecuciones extrajudiciales perpetrados en países fuera de Estados Unidos”.
Detalla que el jurado de este caso, promovido por familiares de ocho de las más de 60 víctimas fatales de la masacre de octubre de 2003, escuchó los testimonios de 40 testigos durante un juicio oral que se extendió por tres semanas.
“La sentencia de 22 páginas suscrita por el Juez Cohn estableció suficiente evidencia para demostrar que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son responsables de las ejecuciones extrajudiciales de bolivianos que se registraron después de la promulgación del Decreto Supremo 27209 de 11 de octubre de 2003, una norma presidencial similar al Decreto Supremos 4078 del 15 de noviembre de 2019 que derivó en las masacres de Sacaba y Senkata”, añade el manifiesto.
En octubre de 2003, Sánchez de Lozada se enfrentó a una revuelta popular en El Alto y La Paz con un despliegue militar. La represión saldó con 67 muertos y más de 400 heridos. El entonces presidente y varios de sus ministros huyeron para eludir un juicio por cargos de genocidio en el país.
“Los crímenes de lesa humanidad no prescriben”, concluye el comunicado.
(ABI)