La Paz, 7 abr 2021 (ABI).- El abogado de las víctimas de la masacre de octubre de 2003, Thomas Becker, dijo este miércoles que el proceso civil seguido en Estados Unidos en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, abre la puerta para el inicio de nuevos procesos en contra de otros “violadores de derechos humanos”, como los exministros del régimen de Jeanine Áñez, Arturo Murillo y Fernando López.
“Este caso abrió muchas puertas para las víctimas de abusos, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo, (porque) ahora (Estados Unidos), que generalmente protege a las personas que cometen abusos, ha cerrado la puerta a las personas que entran aquí después de matar a su gente; (entonces) es un mensaje muy fuerte (para esas personas) y abre la puerta (para) otros casos (…) porque si recuerdan Murillo y López (también) han escapado a los Estados Unidos, están en Florida, (…) y yo creo que puede servir para una forma de (hacer) justicia para las víctimas”, dijo Becker en una entrevista con La Razón.
El lunes, el juez del estado de Florida en Estados Unidos, James Cohn, denegó la moción planteada por Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, respecto al proceso en que se los responsabiliza por las muertes de la masacre de octubre de 2003, y ratificó la sentencia que establece el pago de $us 10 millones a favor de los demandantes.
El abogado dijo que existen similitudes entre la masacre de 2003 y las matanzas de Senkata y Sacaba, en 2019.
En 2019 “yo estaba en Sacaba, yo vi la sangre y hemos hecho una investigación durante ocho a nueve meses (…) y por supuesto que hubo masacres (tanto) en Sacaba, Senkata y en (El) Pedregal, eso es muy claro y yo creo que hay mucha prueba de esas violaciones de derechos humanos y hay muchos paralelos (con lo suscitado en 2003)”, agregó el abogado.
Citó como ejemplos el Decreto Supremo 27209 del 11 de octubre de 2003, emitido durante el gobierno de Goni, y el Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019, aprobado por Áñez, normativas que respaldaron las intervenciones militares en ambos hechos.
Esas normativas “más o menos dijeron a los soldados que si matan a la gente ustedes tienen impunidad y eso es totalmente ilegal; (…) entonces son muy similares (ambos casos)”, insistió, citado en un reporte de La Razón.
Añadió que los “pretextos y excusas” usados en ambos hechos son muy similares porque calificaron a los movilizados de los dos sucesos de “terroristas” y aseguraron que no dejaban sacar combustible de la planta de Senkata.
En los dos hechos existió “mucho racismo y por eso los paralelos son muy fuertes; (incluso) es importante recordar que había muchas personas en el gobierno de Áñez que fueron parte del gobierno de Goni, por ejemplo, uno de los testigos de Goni, Jaime Aparicio, fue embajador de Áñez y ha dicho las mismas cosas en el caso Goni que está diciendo sobre las víctimas de 2019 y para mí es muy triste escuchar (eso)”, lamentó Becker.
(ABI)