La Paz, 26 may 2021 (ATB Digital).- El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, además de un ciudadano boliviano y otros tres estadounidenses, fueron detenidos en Estados Unidos acusados de los delitos de sobornos y plan de lavado de dinero, informó el Departamento de Justicia del país del norte. De ser declarados culpables se exponen a una condena de 20 años.
“El exministro de Gobierno de Bolivia y otro exfuncionario boliviano están acusados de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense e individuos para asegurar un contrato con el gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos”, refiere el comunicado.
Murillo, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld participaron del “esquema de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020”, según la investigación desarrollada por el FBI sobre las transacciones y pago de sobornos en la compra de material no letal a una firma brasileña en las primeras semanas del gobierno de Jeanine Áñez.
Méndez Mendizábal era hombre de confianza de Murillo y fue uno de los primeros detenidos. Fue jefe de gabinete de Murillo, quien acompañó a Áñez desde el primer día que tomó el poder el 12 de noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales en medio de denuncias de fraude electoral, motín policial, protestas cívicas y la sugerencia «militar» de dimisión.
“Luis Berkman, Bryan Berkman y Lichtenfeld pagaron $us 602.000 en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano en beneficio de Murillo, el exministro de Gobierno de Bolivia, Méndez, el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno de Bolivia y otro boliviano funcionario del gobierno”, refiere el documento.
En 2020 se abrió una investigación sobre la denuncia de sobreprecio, pero no tuvo avances importantes. El comandante de la Policía, coronel Jhonny Aguilera, reveló este miércoles que hubo obstaculización de la investigación porque los requerimientos fiscales a los ministerios de Defensa y de Gobierno de ese entonces eran rechazados.
El negociado logró que la empresa de Bryan Berkman, Bravo Tactical Solutions (BTS), con sede en Florida se adjudicara de forma directa la compra de gas lacrimógeno y otros equipos no letales por cerca de $us 5,6 millones. Las investigaciones determinaron que el sobreprecio fue de $us 2,3 millones
Las cinco personas están acusadas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y si son declarados culpables se exponen a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. Y otros factores legales.
Vía: La Razón