La Paz, 28 jul 2021 (ATB Digital).- El secretario general del Ministerio Público, Edwin Quispe, informó este miércoles que la comisión de fiscales del caso denominado “Fraude electoral” emitió el requerimiento conclusivo de sobreseimiento, de acuerdo con los resultados de los actos investigativos de recolección de información.
“Producto de una noticia fehaciente de una posible manipulación informática en relación a la base de datos del OEP02 se apertura un caso emergente de aquello, donde el Ministerio Público, a través de la comisión de fiscales, con sede en la ciudad de La Paz, desarrolló todos los actos investigativos para colectar la información, indicios y declaraciones del caso, actas, se colectó la base de datos con el que hubiera operado el Órgano Electoral a través del cómputo oficial y el conjunto de los elementos fueron puestos a consideración de la comisión de fiscales (…). La comisión emitió el requerimiento conclusivo de sobreseimiento”, indicó citado en un boletín institucional.
Según Quispe, el requerimiento se elaboró con el apoyo de elementos suficientes como declaraciones, actas, base de datos del Órgano Electoral Plurinacional y el informe de la “Pericia en el área de seguridad informática y administración de redes” sobre la integridad computarizada de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019 realizada por el “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca – España, que demostró la inexistencia de manipulación en el proceso electoral.
Respecto a aseveraciones de que el estudio efectuado en España fue realizado por gente no calificada, la autoridad del Ministerio Público aclaró que doctores reconocidos y de prestigio internacional son parte del “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE”, quienes están liderados por el ingeniero Juan Manuel Corchado, Doctor en Informática e Inteligencia Artificial, Director del Parque Científico y Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca.
Por otro lado, Quispe indicó que el rol de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el caso fue analizar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y sus implicancias.
“Sin embargo, la OEA realizó un informe rápido e hizo un pronunciamiento prematuro, porque no tenía la consistencia para haber analizado el cómputo final en la base de datos oficial de las elecciones de 2019. Por eso pasa a ser un mero indicio que no tiene un sostén técnico ni científico, a los efectos del proceso llevado adelante por el Ministerio Público”, acotó.
Con relación a las consultas de que se habría pagado millones por el estudio, desmintió esa conjetura y explicó que, de acuerdo con el informe de la Dirección Administrativa Financiera de la Fiscalía General del Estado, se determinó que la pericia científica desarrollada cumplió el procedimiento de contratación internacional vigente en el país.
“Dentro de los proponentes calificó al equipo de investigadores dependiente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca con sede en España. El pago se realizó a través del Banco Central de Bolivia (BCB) y el precio cancelado fue de Bs 216.000, aproximadamente $us 30.000, precio menor con relación a la envergadura que involucra su resultado”, añadió.
Respecto a las aseveraciones de algunos políticos que señalaron que el informe de la pericia es extemporáneo, el Secretario General del Ministerio Público aseguró que no existe esa figura legal porque cualquier tipo de investigación tiene sus plazos correspondientes y se trata de un caso complejo.
“Vemos que el tiempo fue razonable y es emergente de dos perjuicios como el tema de la pandemia que paralizó plazos y la poca voluntad de las exautoridades de cooperar con el desarrollo de la investigación prestando la información”, concluyó.
Fuente: ABI