Sucre, 10 ago 2021 (ATB Digital).- El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este martes que a través de la Fiscalía Departamental de La Paz se concluyó con la pericia técnica sobre la funcionalidad de los 170 respiradores españoles adquiridos por el Estado boliviano durante el gobierno de Áñez, cuyo informe establece que el respirador marca “Respira Device” tiene muchas limitaciones técnicas y no puede ser utilizado en cuidados intensivos de servicio COVID-19 o no COVID.
“El Ministerio Público, en estricto cumplimiento a la labor constitucional de defensa de los intereses de la sociedad, dentro del caso denominado ‘Respiradores Españoles’, suscitado en la gestión 2020, viene desarrollando una labor exhaustiva de investigación que permita identificar a los responsables del manejo irregular del erario público, de beneficiarse y lucrar con el sufrimiento del pueblo boliviano”, sostuvo Quispe, citando en un boletín institucional.
Señaló que, entre las limitaciones técnicas identificadas en la pericia a los respiradores “Respira Device”, se advierte que no cuentan con modos ventilatorios; no tiene ajuste o la opción trigger (sensibilidad de disparo), una característica muy importante para que el ventilador detecte varios esfuerzos inspiratorios realizados por el paciente a efectos de que el médico terapista pueda pasarlo a otro modo ventilatorio como fase de destete; no tiene visualización de medición de FIO2 (porcentaje de medición de oxígeno), aspecto fundamental para pacientes críticos; y tampoco cuenta con Blender o mezclador de oxígeno/aire comprimido medicinal, entre otros aspectos.
“En cuanto a los accesorios del equipo principal, la falta del sensor de FIO2 externo y del mezclador de oxígeno hace disfuncional a este ventilador pulmonar. Por ello, ante la inexistencia de estas características elementales, el respirador “Respira Device” no puede ser utilizado técnicamente en unidades de cuidados intensivos de servicio COVID-19 o no COVID”, aseguró Quispe.
Asimismo, la autoridad del Ministerio Público dio a conocer que, en el marco de las investigaciones del caso, se tiene concluido un Dictamen Pericial en Auditoria Forense que establece la existencia del daño económico de Bs 15.495.230,00, generado en desmedro del Tesoro General de la Nación y la salud de todos. (ABI)