Cochabamba, 2 sep 2021 (ATB Digital).- La Asociación de las Víctimas de Huayllani (Sacaba) anunció este jueves el inicio de un proceso penal en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y los exministros que firmaron el Decreto Supremo 4078, por el que se eximía a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana de los hechos de violencia suscitados a raíz del conflicto poselectoral de 2019, según un reporte de La Razón.
“Nosotros, como víctimas, vamos a iniciar un análisis y medidas penales contra los actores del golpe de Estado y los que han financiado la masacre, quiénes han dado la orden, quiénes han firmado ese maldito decreto, que les da la inmunidad a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana para que puedan matar libremente”, dijo Ismael Marquina, representante de los heridos y las víctimas que murieron en el puente Huayllani, en el municipio de Sacaba, Cochabamba.
La norma fue aprobada el 15 de noviembre de 2019, tres días después de que Áñez se proclamara presidenta en una cuestionada sesión de la Asamblea Legislativa. La sucesión se dio luego de la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre, presionado por protestas sociales y la sugerencia las Fuerzas Armadas para que dimitiera a su cargo.
El Decreto Supremo 4078 fue firmado por los entonces ministros Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, Luis Fernando López, José Luis Parada, Álvaro Guzmán, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, María Elva Pinckert, Mauricio Ordóñez y Roxana Lizárraga.
“El personal de las FFAA, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estarán exentos de responsabilidad penal, cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art.11 y 12 del Cód. Penal. Ley Nº 1760 y el Código de Procedimiento Penal”, reseña el artículo tercero del Decreto Supremo 4078.
Por este hecho, la expresidenta guarda detención preventiva en el penal de Miraflores, así como los exministros de Justicia y de Energías, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, respectivamente.
Fuente: La Razón