La Paz, 7 sep 2021 (ATB Digital).- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, aclaró este lunes que en el proceso por el caso Quiborax se podría incluir a otras exautoridades de la Procuraduría General del Estado (PGE), pero para ello primero se debe aprobar en la Asamblea Legislativa el juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa.
“Alguien ha dicho que están exculpados o no se va a imputar a otras autoridades, nadie lo ha dicho, el primer paso es que se levante el juicio de responsabilidades a él (Carlos Mesa) y luego el fiscal, el Tribunal Supremo pueden ampliar el caso contra todos los actores que se vean necesarios”, informó en entrevista con el programa Piedra, Papel y Tinta de la Razón.
El miércoles pasado, la Comisión Mixta de Justicia de Asamblea Legislativa avaló el informe de la proposición acusatoria contra Mesa, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por la reversión de las concesiones en el salar de Uyuni a la chilena Quiborax, lo que derivó en un laudo arbitral y el pago de una indemnización de $us 42,6 millones.
Ello provocó una furibunda reacción del expresidente (2003-2005) en su cuenta de Twitter. “Una de las peores infamias del MAS, protagonizada por ministros que arrodillaron al país ante una empresa chilena y la premiaron con 42 millones por explotar ilegalmente el Salar, se usa de nuevo para reactivar un juicio y doblegar mi conciencia. ¡Canallas!, se equivocan de nuevo” (sic).
Lima se refirió también a las acusaciones que hace Mesa contra los exprocuradores Pablo Menacho y Héctor Arce, porque “no es ni correcto, ni ético” acusarlos sin darles la oportunidad de defenderse.
Asimismo, dijo que se puede incluir en el juicio a los socios, accionistas y representantes de Quiborax, pero su grado de participación se revelaría en un juicio de responsabilidades.
Asimismo, ratificó que en caso de que no se apruebe un juicio contra Mesa en el Legislativo, el Gobierno iniciará un proceso civil para la recuperación de los $us 42,6 millones que le generó de perdida al Estado ese proceso.
Fuente: La Razón