La Paz, 10 oct 2021 (ATB Digital).- La Defensoría del Pueblo expresó este domingo su preocupación por el anuncio de algunos alcaldes municipales y gobernadores departamentales de acatar el paro cívico convocado para el 11 de octubre, con la suspensión de actividades, lo que se constituiría en una vulneración a los derechos de la población que acude a esas instancias para recibir atención en sus demandas.
“Como institución defensora de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo reconoce el ejercicio de la protesta y la movilización, y que la ciudadanía puede manifestarse; no obstante, deben tomar en cuenta que se deben agotar los mecanismos institucionales y legales; en esa línea, exhorta al Estado buscar espacios de diálogo para evitar situaciones de confrontación y a respetar la institucionalidad de la administración pública que esta para servir a la población”, señala una nota institucional.
El documento indica que la protesta y la libertad de expresión están previstos y protegidos por la Constitución Política del Estado, derechos que “en tanto no sean impuestos” son propios de la ciudadanía, pero no así de las instituciones públicas, cuyas máximas autoridades ejecutivas, municipales y departamentales son parte del Estado, y como tal, acatar una medida extrema como un paro es incumplir la obligación que tienen como servidores públicos afectando a ese mismo Estado que administran.
“Es ingresar a una contradicción; por responsabilidad, estas autoridades deben buscar los mecanismos constitucionales y legales para plantear sus demandas y necesidades. Buscar o priorizar otro tipo de medidas que no se enmarquen en lo legal, como las que anunciaron para este 11 de octubre, no solo refleja la instrumentalización política de las instituciones municipales y departamentales, también atentan contra la institucionalidad de la administración pública promoviendo el incumplimiento de la obligación internacional que señala el deber de garantizar el ejercicio de los derechos humanos”, asevera.
En este contexto, durante el lunes, la Defensoría del Pueblo reforzará su línea gratuita 800-10-8004 y la disponibilidad de sus 18 oficinas a nivel nacional para atender posibles afectaciones a los derechos de la ciudadanía que acuda a los servicios de los gobiernos municipales y departamentales, instancias contra las que ya existen denuncias registradas en la institución defensorial.
Entre 2020 y hasta septiembre de 2021, las distintas oficinas defensoriales registraron un total de 1.071 denuncias contra las nueve gobernaciones departamentales y 2.983 contra gobiernos municipales, siendo los derechos más denunciados los derechos a la salud, derechos laborales y petición y respuesta en el primer caso, y en el segundo, petición y respuesta, derechos laborales, derechos de la niñez y adolescencia, derecho a exigir responsabilidad sobre los actos de la administración pública, integridad personal, derechos de las mujeres, salud, garantías del debido proceso y acceso a la justicia, garantías del debido proceso y acceso a la justicia y derechos de los adultos y adultas mayores.
“Frente a la politización que hoy está presente en el país, la Defensoría del Pueblo llama a los sectores involucrados en el paro de este lunes a ejercer su derecho a la protesta respetando el derecho a la libre circulación de la población que no es partícipe de sus movilizaciones, que solo busca desarrollar sus actividades con normalidad para satisfacer sus propias necesidades; y a respetar las disidencias del lado que vengan; en ese marco, pide a la Policía Boliviana mantenerse alerta frente a posibles episodios de conflictividad y que su accionar se enmarque en el respeto de los derechos humanos y en el uso proporcional permitido de la fuerza”, señala la nota.
Fuente: ABI