La Paz, 18 oct 2021 (ATB Digital).- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dio a conocer este lunes tres nombres de sicarios que tenían antecedentes en operaciones militares y manejo de armas, uno de ellos ligado a la empresa internacional de mercenarios Blackwater. El grupo de paramilitares tenía planificado atentar en 2020 contra la vida del entonces candidato presidencial Luis Arce Catacora.
“Sam Brown, quien, según su propio C.V., es un operador profesional de rifle y, además, entrenado en la infantería de los Estados Unidos. Veamos aquí a otra persona: Ernest H. DeLong, este señor expresa en su currículum que fue contratado por la conocida empresa internacional de servicios de guerra Blackwater y que estuvo en Irak junto al ejército de los Estados Unidos. Y, bueno, aquí podemos ver uno más: el señor Davion Covell Hart, quien en su propio currículum pone que es competente y certificado en el uso de armas de fuego, bombas y explosivos, y que fue distinguido por sus servicios en Afganistán”, detalló Del Castillo.
La autoridad aseveró que acorde con una serie de audios publicados por el portal The Intercept se pudo verificar un plan de magnicidio en Bolivia, donde el exministro de Defensa de Jeanine Áñez, Fernando López, está involucrado por negociar con una persona de iniciales J. E. P. el contrato de sicarios con experiencia en conflictos bélicos y operaciones militares.
El objetivo de las conversaciones entre ambos era ejecutar un plan que acabara con la vida de Luis Arce Catacora, entonces candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Según las investigaciones realizadas, se tuvo acceso a correos electrónicos donde J.E.P. utilizaba un alias, “Susan Peterson”, nombre con el que efectuaba tratos con varias empresas dedicadas a prestar servicios vinculados con acciones irregulares como la reconocida Blackwater, corporación militar privada estadounidense que aglutina mercenarios especializados en operaciones de guerra.
Se supo que, a través de otro involucrado de nombre Joe Pereira, se esperaba contar con la presencia de 300 sicarios en Bolivia con el objetivo de crear un clima de terror y convulsión. En un audio, se pudo corroborar una solicitud de contar con hasta 10.000 hombres, en caso de ser necesario. En una carta interceptada de J.E.P. se evidenció la intención de contratar a paramilitares que operen en el territorio nacional otorgándoles un pago anual de $us 125.000, además de armamento y otras bonificaciones.
Fuente: ABI